Mentir es de tontos

 

Los niños tienden a negar lo innegable a ojos de sus padres, tutores y profesores como un arma defensiva para evitar el castigo, ya sea físico (como los de antaño) o de otro tipo. Son pillados infraganti y aun así niegan lo que se supone que estaban haciendo y ─esto ya es más elaborado─ culpan a otro, al inocente que solo miraba o poco tenía que ver en el asunto.

Parecería que al crecer y (supuestamente) madurar, esa práctica tendría que desaparecer y el niño, al convertirse en adulto, ya no adoptaría ese comportamiento infantil y ridículo. Pues no, hay quien se lleva a la tumba el vicio de mentir. Incluso los hay que se sirven de la mentira para prosperar, tanto en el ámbito laboral como (sobre todo) el político. ¡Otra vez los políticos!, diréis. Pues sí, qué queréis que os diga si estos son una fuente interminable e inestimable de malas costumbres.

¿Cómo se puede negar algo cuando sabes que la acusación de la que eres objeto es cierta y que con el tiempo acabará todo saliendo a la luz? Solo sirve para ganar tiempo, despistar al personal y perder la poca vergüenza que a uno le queda.

A algunos les resulta imposible decir la verdad, pues siempre han estado montados en la falsedad, su modus vivendi, incluso cuando se revelan claramente las evidencias de su implicación en los hechos denunciados y su culpabilidad es más que notoria. Porque una cosa es la presunción de inocencia, cuando solo hay indicios de un delito, y otra muy distinta cuando se acumulan pruebas y más pruebas irrefutables de su culpabilidad.

¿Son tontos? ¿Se creen más listos que los demás? ¿Adónde creen que van a llegar sus mentiras? ¿Acaso no se dice que la mentira tiene las patas muy cortas y que se atrapa antes a un mentiroso que a un cojo? Deben ser cojos de mollera, blandos de moral o duros de cara. O todo a la vez.

A ver, cuando a uno le pillan en un renuncio, intentar excusarse u ocultar datos comprometedores, es, hasta cierto punto, comprensible. Pero ¿de qué sirve empecinarse en negarlo todo, cuando se sabe que a la larga acabará aclarándose la verdad? ¿Acaso no han aprendido de otros casos como el suyo?

Implicar a terceros, negar las pruebas en su contra, defenderse vehementemente, haciéndose la víctima de un complot de grandes dimensiones, el objeto de una caza injusta e inmoral no es más que lo que en el argot familiar se conoce como marear la perdiz, alargar el proceso inútilmente. Y yo añadiría, hacer el ridículo. Pero, claro, quién es el guapo que confiesa a la primera de cambio. Solo los imbéciles. Y ellos, como son muy astutos, que no inteligentes, sabrán salirse por la tangente. O en eso confían. Ejemplos no faltan.

Siempre me ha llamado la atención que a un condenado se le aplique un atenuante porque “ha colaborado con la justicia”, cuando es lo correcto. En todo caso, no colaborar debería ser objeto de un agravante. Pues igual debería ser con los mentirosos compulsivos sentados en el banquillo de los acusados, que han estado engañando a todo el mundo a sabiendas.

Si en una Empresa privada, sería procedente despedir a un empleado por haber falseado un documento o alterado el resultado de un informe crucial, en política debería penalizarse al embustero que oculta su culpabilidad y miente descaradamente cuando se le atrapa con las manos en la masa.

Supongo que esos individuos actúan de tal forma porque hay precedentes de culpables que se han ido de rositas después de haber enfangado el sistema y a todos los que han estado a su alcance.

No pretendo señalar a nadie en concreto. Que cada uno saque sus conclusiones y piense en quienes podrían estar en estas circunstancias. El caso es que al margen de filias y fobias (que todos tenemos), creo que en política desgraciadamente la mentira está enraizada, en mayor o menor grado, en todo el arco parlamentario, ya sea a título personal o partidista. Mentir debe ser algo innato e imposible de eliminar después de años de práctica. Debe ser algo propio e inseparable de la naturaleza humana.

Como dijo Alexander Pope (1688-1744), poeta inglés: El que dice una mentira (…) estará obligado a inventar veinte más para sostener la certeza de esta primera. Eso explica la obstinación de los mentirosos en mantenerse fieles a su patraña.

Si bien la mentira piadosa es justificable e incluso beneficiosa en algunas circunstancias, la pertinaz, la indiscriminada, la voluntaria, la que daña a terceros, atentando contra la salud moral de la sociedad, es merecedora de un correctivo lo suficientemente ejemplar como para que haga desistir a los embusteros y calumniadores de practicarla en su propio interés.

 

Impuestos, benditos impuestos

 

A todos nos fastidia tener que “aflojar la pasta”, pero a unos más que a otros, según sus circunstancias personales. Pero lo que, en general, más disgusta al ciudadano es pagar impuestos. Hay quien, en un ejercicio de ignorancia, piensa que ello es extremadamente injusto y lo ven como un expolio contra natura. Deben pensar que los gastos generales del Estado ─que en 2024 ascendieron a unos 725.000 millones de euros, y cuyo presupuesto ha quedado congelado por no haber llegado a un consenso político para su renovación anual─ se cubren con el maná caído del cielo. No sé si alguna vez se han preguntado lo que cuesta hacer frente a las muchísimas inversiones que un país como el nuestro necesita.

Otra cosa a tener en cuenta es dónde van a parar nuestros impuestos, si se invierten acertadamente o hay una fuga hacia manos o intereses oscuros. Pero para ello, hay un control presupuestario que, en teoría, fiscaliza al Estado. ¿Algo o alguien se escapa a ese control? Buena pregunta para la que no tengo respuesta. Así que dejémoslo aquí.

Sea como sea, es cierto que no siempre se utiliza nuestro dinero para los fines más imprescindibles, especialmente en algunas CCAA. De lo contrario, no habría problemas de falta de inversión ─o peor aún, de desinversión─ en la sanidad, la educación o la vivienda, entre otras necesidades básicas. Alguien hace mal los deberes o no los hace y se desvían fondos hacia otras partidas menos prioritarias pero políticamente más interesantes para el gobernante de turno.

Cuando trabajaba, de mi salario se me retenía alrededor de un 30% en concepto de IRPF. Y no me molestaba, pues era consciente de lo necesario que era contribuir al gasto público y para conseguir lo que en Suecia se dio en llamar el estado del bienestar. Por aquella época, mis colegas suecos (de la Empresa multinacional en la que trabajaba) me comentaban que, según el nivel salarial, a algunos les correspondía pagar hasta un 50% de sus ingresos brutos, pero que, a cambio, muchos de los servicios públicos eran gratuitos (incluida la enseñanza) y funcionaban perfectamente. Así da gusto pagar impuestos si luego benefician al ciudadano. Lo contrario se asemeja a un fraude o robo a mano armada.

Hay una frase de Karl Marx que siempre he hecho mía y que dice “De cada uno según sus capacidades y a cada uno según sus necesidades”. Esa sí que es una verdadera solidaridad. Quien más tiene, más debe aportar al erario público, y quien menos tiene y más necesita, tiene que recibir la ayuda necesaria para vivir dignamente. Por eso me indigna que las grandes Empresas, que tienen unos beneficios millonarios, paguen una miseria en concepto de impuestos en comparación con un trabajador cualquiera.

Pero para más injusticia y desigualdad, hay impuestos que se aplican en algunas CCAA y en otras no, como el de sucesiones y donaciones. En primer lugar, ¿Por qué tienen que quedarse las autoridades competentes en asuntos económicos con un porcentaje de una herencia o donación, generalmente de padres a hijos? ¿Acaso el dinero y bienes adquiridos por los progenitores no han tributado reglamentariamente mientras vivían? Entre IVA e IRPF, creo que ya cumplimos de sobra con nuestras obligaciones con el fisco. Si hace falta más dinero para financiar una Comunidad Autónoma, no creo que sea imprescindible ahogar al contribuyente en impuestos, sino utilizarlos como es debido, ahorrando en gastos innecesarios.

Más irregularidades que demuestran un desequilibrio entre CCAA: ¿por qué en unas se subvenciona lo que en otras no por falta de dinero? Y resulta que ─no mencionaré cuáles, pero es fácil de descubrir─ entre las que precisamente bajan impuestos y dan servicios gratuitos a su población están las más deficitarias, mientras que otras más ricas no se lo pueden permitir. No es ni más ni menos que un agravio comparativo. Y ¡ay de quién proteste!, porque se le tacha de insolidario.

Y por último, una irregularidad elemental que parece ser que nadie tiene en cuenta o bien lo tiene pero como algo anecdótico: no siendo el IPC igual en todas las Comunidades, quien tiene la suerte de vivir en una con un IPC más bajo, pero su salario es exactamente igual que el de otro trabajador que vive en otra con un IPC superior (trabajadores de una misma Empresa con sucursales por todo el territorio nacional), vivirá más desahogadamente. De ahí que algunos jubilados que han vivido y trabajado en ciudades caras, vuelvan a su terruño, donde pueden vivir más holgadamente.

España no solo es un país plurinacional (mal que les pese a algunos) sino también pluri económico, con diferencias, a veces abismales y, por lo tanto, injustas. ¿Y qué hacen los impuestos autonómicos? Pues agravar estas diferencias y crear lo que yo llamaría una distopía social y/o económica.

Y duele saber que mientras muchos pagamos religiosamente lo que nos corresponde, otros ─curiosamente políticos, que deberían dar ejemplo─ se dedican a desviar fondos de la Comunidad hacia otros derroteros, llenarse los bolsillos y, para colmo, tienen la prebenda de poder disfrutar de una jubilación de lujo. Por no hablar de la famosa amnistía fiscal que tuvo a bien aplicar al gobierno de Mariano Rajoy y dirigida por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que benefició a empresarios y grandes fortunas, a contribuyentes con activos no declarados en el extranjero ─muy patriotas ellos─. políticos y personalidades públicas, miembros de la nobleza, etc. Sin palabras. Al parecer, lo de que “Hacienda somos todos” lo interpretaron a su manera.

Pero como no tengo ninguna potestad para solventar ni minimizar estas anomalías, pues me tengo que aguantar y desahogarme por aquí.

Jueces para la democracia

 

Juezas y jueces para la democracia (JJdP) es una asociación judicial fundada en 1984 que nació a partir de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que agrupa a juezas y jueces comprometidos con los valores constitucionales, la defensa de los derechos fundamentales y la consolidación de un Estado social y democrático de derecho, según la definición que consta en su página web.

En este sentido, ¿no resulta, como mínimo curioso, o paradójico, que deba existir un grupo de magistrados que se signifiquen públicamente a favor de algo que debería ser lo normal en un país democrático como el nuestro? ¿Acaso ello significa que hay jueces en España que no están por la labor de proteger los derechos constitucionales a ultranza, que no son demócratas?

Pues a pesar de lo que digan algunos, no todos los jueces actúan en beneficio de la verdad y la justicia. Existe un temor reverencial o hipocresía institucionalizada en la mayoría de ciudadanos, e incluso en algunos partidos políticos, a declarar abiertamente que no existe en nuestro país una clara separación de poderes, el político y el judicial. Les guste o no a algunos ultraconservadores, hay jueces que hacen política y políticos que se erigen en jueces. Es lo que se conoce como politización de la justicia y judicialización de la política, respectivamente. Es algo que se conoce, pero no se admite públicamente, a menos que se quiera ser tachado de izquierdista consumado y recalcitrante al que hay que combatir. Seamos realistas: no todos somos iguales ante la ley, pues dependemos del juez que instruya el asunto a enjuiciar. Es triste y peligroso que un dictamen, favorable o desfavorable, dependa de qué juez lleve el caso.

Yo me pregunto si se puede separar la ideología política (o religiosa) de un juez de la forma en que aplica la ley en base al concepto de justicia y democracia.

Al igual que se ha propuesto confeccionar una lista de médicos antiabortistas, para saber en todo momento, por exclusión, la disponibilidad de un médico que sí pueda practicar un aborto en un centro sanitario público, debería existir otra para los jueces en función de su ideología. Y del mismo modo que, según tengo entendido, a un aspirante a policía se le somete a un test psicológico para evitar a un psicópata o extremadamente violento entre sus filas (aunque me temo que, de existir este filtro, no siempre funciona), deberían clasificarse a los jueces según su tendencia sexual y política, no vaya a ser que a un juez homófobo, xenófobo o ultraderechista le toque enjuiciar a una mujer presuntamente violada, maltratada, a un transexual, a un migrante que supuestamente ha cometido un delito contra la propiedad o a un presunto “delincuente” antifascista que ha participado en una pelea contra neonazis.

Como no veo que ello sea factible (seguramente sería tachado de ilegal y para algunos incluso anticonstitucional), ni práctico, quizá si que durante las oposiciones a la judicatura debería implantarse una evaluación previa a la adjudicación del cargo, que revelara esos supuestos prejuicios que impedirán posteriormente aplicar una justicia justa y para todos igual.

Sé que estoy soñando despierto, pero mientras pienso en estas posibilidades, a medio y largo plazo, me imagino un mundo mejor y más justo. Pero si eso acaba ocurriendo, seguro que va para muy largo. Y ya lo dice el refrán: dentro de cien años, todos calvos.

 

Reivindicaciones perturbadoras

 

Esta entrada puede resultar controvertida y hacer que los lectores me califiquen de reaccionario. Nada más lejos de la verdad. En todo caso, seré quisquilloso, impaciente y poco empático cuando un evento del tipo que sea perturba o limita mi libertad.

Me considero progresista y reivindico a ultranza el derecho a la libertad de expresión y de manifestación, siempre y cuando no se cruce una línea roja; en el primer caso, la mentira, la calumnia y el insulto; y en el segundo, la extrema violencia y el vandalismo. También defiendo los derechos de la clase trabajadora y su lucha por unos derechos amparados por el estatuto de los trabajadores.

Tanto el derecho a manifestarse como el de hacer huelga están protegidos por ley, como no podía ser de otro modo en una sociedad democrática.

Pero ¿qué pretende un huelguista? Pues reivindicar mejoras en su puesto de trabajo (ya sean salariales, de horario o condiciones laborales diversas, entre otros derechos). ¿Y a quién va dirigida esta protesta? Pues al empresario o Empresa para la que trabajan.

¿Y qué se pretende con una manifestación? Pues expresar públicamente el descontento por cualquier tipo de injusticia social y reivindicar que lo que se exige sea tenido en cuenta. Así pues, son las autoridades, ya sean locales, autonómicas o centrales, las que tienen la potestad de tomar partido y actuar directamente o intermediar en beneficio de los manifestantes ante quienes va dirigida esta protesta.

Pero la realidad suele ser distinta y los perjudicados de ambas acciones, perfectamente legítimas (la huelga y la manifestación, que generalmente suelen ir de la mano), no son, en primera instancia, los empresarios ni las autoridades, sino los ciudadanos de a pie que no participan en esos actos por las causas que sean, a pesar de dar soporte a esas quejas.

Cortes en la circulación y en la movilidad general: cortes de carreteras y de las principales vías de acceso y de circulación en la ciudad, líneas de tren cortadas, carreteras y autopistas cortadas por agricultores o ganaderos en protesta por sus condiciones laborales u otras afectaciones económicas, vuelos anulados, aeropuertos tomados por una multitud de manifestantes o bloqueados por taxistas en huelga, autobuses y metros fuera de servicio (salvo durante los obligados servicios mínimos), y servicios públicos suspendidos temporalmente, etc..

En tales casos, ¿qué puede hacer el ciudadano que tiene que ir a trabajar, tomar un avión, asistir a un examen o a una visita médica, por no hablar de una intervención quirúrgica u otras actividades ineludibles? ¿No resulta injusto perjudicar a inocentes que, como he dicho, muy probablemente empatizan con los manifestantes? ¿No sería más justo que las manifestaciones, tanto por motivos laborales, sociales o políticos, se hicieran ante la empresa u organismo responsable? A una Empresa se la perjudica haciendo huelga de brazos caídos, pues ello afectará la productividad y supondrá una pérdida económica que puede ser millonaria. Pero ¿qué culpa tiene el resto de la población porque dicha Empresa, ya sea pública o privada, no acceda a las peticiones de los manifestantes? 

Un caso aparte y reciente es el execrable genocidio que ha sufrido el pueblo palestino en Gaza, un hecho tan inmoral que ha merecido ser objeto de multitudinarias manifestaciones, tanto a nivel nacional como internacional, protestas para alzar la voz ante tal barbarie. Pero aun así, ¿qué culpa tenemos de sufrir colapsos de movilidad durante horas y días, si todos estamos en contra de esa masacre vergonzante y apoyamos la causa palestina? En este último caso, un caso ciertamente extremo, es imperioso presionar a las autoridades nacionales de cada país para que, a su vez, presionen a quienes tienen el deber de detener o hacer detener el genocidio, pero con manifestaciones pacíficas que eviten el tumulto y el caos y ofrezcan alternativas de movilidad a los ciudadanos afectados. 

Lo antedicho, puede parecer egoísta, pero creo que es perfectamente compatible una protesta multitudinaria con el bienestar de quienes no participan físicamente en ella.

Supongo que no es fácil ejercer una presión viable y eficaz ante cualquier entidad nacional o supranacional sin perjudicar mínimamente a terceros, así como evitar que una manifestación acabe en una batalla campal por culpa de unos cuantos ultras vándalos. Pero algo habría que hacer, ya que no me parece de recibo tener que resignarnos a sufrir las consecuencias de unos actos que nos pueden afectar grave e irremediablemente, aunque sea de forma temporal, por el hecho de ser justos y necesarios.

No sé si llevo una pizca de razón en todo lo aquí expuesto o es la edad lo que me hace pensar así y me he vuelto un viejo cascarrabias.

El misterio de las tecnologías

 

Solo empezar a escribir esta nueva entrada, me viene a la mente la redacción que nos obligaban a hacer en la escuela tras las vacaciones de verano, al inicio del nuevo curso escolar, contando qué habíamos hecho durante ese período de descanso de dos meses y medio. En mi caso, sin embargo, me limitaré a relatar las incidencias que he tenido que sufrir y que nada tiene que ver con las actividades de ocio y relax.

Siempre he pensado que algo que se ha diseñado para facilitarnos la vida o, por lo menos, ciertas actividades en principio engorrosas, muchas veces nos la complica, por lo menos a quienes ya peinamos canas.

Aunque siendo un septuagenario, creo que me defiendo aceptablemente bien en bastantes aplicaciones, prueba de ello es este blog. Uso WhatsApp y email con soltura, al igual que algunas redes sociales, pero, de vez en cuando me exaspero si algo no funciona o deja de funcionar inexplicablemente y no tengo forma de solucionarlo por mis propios medios, debiendo acudir a alguien más versado que yo, incluyendo a algún tutorial que, dicho sea de paso, a veces me confunden aún más o son del todo inútiles porque sus indicacines no siempre se corresponden con mi realidad o porque las aplicaciones o comandos que muestran no existen en mi aparato, ya sea un teléfono móvil, un ordenador o un televisor. Así pues, cosas que parecen muy fáciles de resolver, no lo son tanto.

Y todo esto viene a cuento porque parece que últimamente ha habido una mando negra que se ha propuesto hacerme la vida imposible, coincidiendo con el horrible calor infernal de este verano.

Cuando uno, por ejemplo, cambia de vehículo, lógicamente tendrá que adaptarse a sus nuevas prestaciones, pero al poco tiempo ya lo conducirá sin problemas y las utilizará como si siempre lo hubiera hecho así, salvo si uno es muy torpe, claro. Pero un cambio de soporte técnico, informático u ofimático no debería necesitar indagar e instruirse previamente, leyendo un denso y complejo manual de instrucciones, pues esto va en contra de lo que los anglosajones han dado en llamar user-friendly (fácil de usar, manejar y comprender por un usuario).

En mi caso, que es el objeto principal de esta entrada, me he visto sometido, en cuestión de los últimos tres meses, a complicaciones variopintas, a cual más irritante, que han afectado a la recepción de las plataformas de pago (en un caso por culpa de Netflix y en el otro de Movistar); con problemas con el nuevo teléfono móvil y con el nuevo ordenador, en este último caso especialmente con el paquete de Office que tenía incorporado, en el que te pierdes buscando las aplicaciones o comandos que habías venido utilizando hasta hace poco; con Gmail, que no me reconocía; con varias aplicaciones volcadas desde el ordenador anterior al actual (entre ellas iTunes, dejando vacía mi biblioteca de música); con la peculiar selectividad de la impresora, que no respondía o sólo imprimía algunos de los documentos que el ordenador le enviaba para imprimir; y así una retahíla de anomalías y carencias que, por fortuna, con mucha paciencia (cosa de la que carezco) y con alguna que otra ayuda externa (más o menos certera), logré subsanar, aún necesitando para ello días y hasta semanas. 

Pero la guinda del pastel, que me produjo tanta o más exasperación fue la participación de las empresas que, teóricamente, deberían solucionar los problemas en los que ellas estaban, directa o indirectamente involucradas (léase Netflix, Amazon y Movistar, por poner unos pocos ejemplos). Y es que esta participación es muy difícil de conseguir a la primera, ya sea humana o virtual (si desea esto, marque uno, si desea aquello, marque dos, si desea lo otro, marque el tres, y si no, espere. Y luego: todos nuestros agentes están ocupados. Y musiquilla a la espera, a veces interminable), y cuando por fin logras que te atienda un ser humano, esperar a que te comprenda y solucione el problema. En varios casos tuve que contactar con alguna de las empresas anteriormente mencionadas unas diez o doce veces hasta conseguir ser atendido por un técnico listo y entendido en la materia que sí pudo echarme un cable.

Curiosamente, lo que más me ha ayudado para al menos aclarar los motivos de tales disfunciones ha sido el ChatGPT. Parece una contradicción a lo que he expuesto sobre las nuevas tecnologías, pero aquí podría decir aquello de que no hay mal que por bien no venga.

Pero esta lista de despropósitos sólo es una pequeña muestra de todo lo acaecido este caluroso verano, pues no quiero alargarme y aburriros más con mis cuitas tecnológicas.

De todos los inconvenientes con los que he tenido que apechugar, solo uno no ha podido resolverse: al cambiarme Movistar el router, cambió el wifi, por lo que la aplicación instalada en mí móvil en su día por los instaladores de las placas solares dejó de funcionar y como la empresa instaladora y Movistar no se pusieron de acuerdo con la forma de solventarlo, pues ya no puedo consultar la energía producida por las placas y el consumo eléctrico doméstico. Aunque me han dicho que esté tranquilo, que las placas seguirán funcionando correctamente, me da coraje no poder consultar esa información, cuando tenía acceso a ella. Es como si me hubieran instalado en el coche un accesorio muy interesante y útil y dejara de actuar, a pesar de que el vehículo seguirá funcionando perfectamente.

Seguro que tengo muchos defectos, pero de todos ellos, los dos peores son la impaciencia y el perfeccionismo. Porque ¡ojo!, ser perfeccionista no es nada bueno, no significa ser perfecto. Es una lacra para quien la sufre. Todo tiene que funcionar a la perfección, de modo que, de lo contrario, el perfeccionista entra en una fase de exasperación y de un tremendo enojo. Y cuando, por fin, todo vuelve a funcionar como es debido, siente un gran alivio. Pero nadie le quita lo bailao. Y a esperar a la próxima contrariedad.

Con estos ejemplos pretendo ilustrar que teóricos avances tecnológicos que pretenden ayudar al usuario, le pueden, en la práctica, perturbar. Un ejemplo muy reciente y que tendrá lugar el próximo mes de enero es la implantación de un nuevo sistema de facturación informática con facturas electrónicas y recibos en papel (incluidos los de los bares y supermercados) que incluirán un código QR que todas las empresas, grandes y pequeñas, y los autónomos estarán obligados a implementar. En esencia, lo que se pretende es fiscalizar mucho más y mejor las actividades económicas, enviando la información directamente a Hacienda. Cierto es que, en caso de dificultades prácticas, entre ellas la de necesitar un tiempo para la adaptación, se facilitará alguna alternativa, pero de dificultad parecida o peor.

Los comerciantes (sobre todo los pequeños) y los autónomos ya han expresado su malestar por las dificultades prácticas que ello entrañará en cuanto al coste que representará la adquisición de un nuevo sistema informático y el aprendizaje que ello representará que, en muchos casos afectará especialmente a los pequeños comercios regentados por personas mayores que no están familiarizadas con estos procedimientos.

En resumen, todo esto significa que lo que se simplifica y mejora por un lado (para Hacienda), se complica por otro (al pequeño comercio) y con esto vuelvo al inicio de esta publicación.

 

I'm woke

 

 

Usamos tantos anglicismos que no he podido sustraerme a la tentación de encabezar esta entrada con uno que se ha puesto de moda.

El término “woke” proviene, efectivamente, del inglés y significa literalmente “despierto”. Originalmente se utilizaba en contextos afroamericanos para referirse a estar atento ante las injusticias sociales y raciales, es decir, ser consciente de los problemas como el racismo, la discriminación, la desigualdad de género, la homofobia, la xenofobia, entre otros. Ser “woke”, por lo tanto, implicaba estar alerta y actuar frente a estas injusticias. Con el movimiento Black Lives Matter, este término se popularizó para describir a quienes luchaban contra las injusticias sociales, ampliándose posteriormente al feminismo, a los derechos LGBTQ+, al cambio climático y a la desigualdad en general.

Con el tiempo, este término se ha empleado en debates políticos, sociales y culturales para referirse a personas que apoyan los cambios relacionados con la justicia social y los derechos humanos. Incluso en el mundo de la música ha pasado a ser un sello de identidad progresista.

Más recientemente, sin embargo, se ha acuñado con una connotación negativa, dependiendo del contexto. De este modo, hay quien se refiere con este término a los que consideran que exageran su conciencia social o que aplican estas ideas de manera dogmática o extremista.

Así pues, en los años 2010-2020, los sectores conservadores empezaron a usar “woke” como término despectivo para señalar un progresismo considerado excesivo, dogmático o “de moda”, apareciendo expresiones del tipo “woke culture” o “wokeism”.

En definitiva, “woke” es un término con doble significado:

-Positivo: estar alerta frente a las injusticias, tener conciencia social.

-Negativo (para sus críticos): exceso de corrección política, activismo superficial o moralista.

 

Hasta aquí, la definición y características de un término utilizado cada vez con más frecuencia, sobre todo en el ámbito político. De existir alguna incorrección en esta información preliminar, ya sea por error u omisión, la culpa es de la IA, más concretamente del ChatGPT, de donde la he obtenido.

Sea como sea, todos hemos podido observar que es un calificativo muy empleado por el conservadurismo más recalcitrante —lo que popularmente se conoce como “fachosfera”—, tanto en Europa como en los EEUU (Trump adora este término, que no duda en lanzar contra sus oponentes).

Dada la historia y orígenes de este término, me inclino sin duda alguna por su concepto progresista y democrático, que incluye la defensa de los derechos humanos y la oposición sin reservas a las desigualdades sociales que tanto abundan en nuestra sociedad. Si defender el derecho a una vivienda, a un trabajo y un salario digno, a la defensa de los derechos de los trabajadores, a la no discriminación por razones culturales, raciales, sexuales, etc., a la defensa de la naturaleza y el apoyo incondicional a la lucha contra la crisis climática, y estar en contra de las guerras promovidas por dictadores, si todo esto es ser “woke”, I’m woke (yo soy “woke”), y a mucha honra.

Maldito paro

 

Según el CIS, el paro ha estado, desde la década de los ochenta, a la cabeza de los problemas más importantes de los españoles. Concretamente, en 2023 era una de las tres primeras preocupaciones de los ciudadanos. El año pasado, la tasa de desempleo en España era del 10,8%, un punto menos que en 2023, pero, aun así, el más alto de la eurozona.

Por sexo, las mujeres en paro superaban a los hombres: 12,1% frente a 9,6%. Por edades, se llevan la palma los mayores de 50 años, con un nada despreciable 30,82%, con un total al término de 2024, de 800.000 personas, es decir, más de 3 parados de cada 10. Entre los más jóvenes de 25 años, la tasa de paro también es muy elevada: un 25,6% en los hombres y un 28,7% en las mujeres.

Si 800.000 personas paradas mayores de 50 años ya es una cifra a tener muy en cuenta, todavía es más grave el hecho de que 443.900 (el 55,5%) lo son de larga duración.

Estos últimos datos proceden de un estudio realizado por “Generación Savia”, un proyecto de “Fundación Endesa” en colaboración con “Fundación máshumano”.

Por otra parte, en 2025, la edad de jubilación ordinaria se sitúa entre los 65 y 66 años y 8 meses, según el periodo cotizado, edad que pasará a estar entre los 65 y 66 años y 10 meses en 2026, y entre los 65 y 67 años en 2027.

No sé si soy un simplista o un ignorante, pero cuando oigo o leo los datos sobre el paro en nuestro país, siempre me pregunto lo mismo: Si no se contrata, por culpa de la edad (una manifestación más de edadismo) a los mayores de 50 años, ¿por qué no se permite la jubilación a una edad algo más temprana (hay países de la UE cuya jubilación es a los 64 años) en lugar de querer prolongarla?

Si los trabajadores se jubilaran antes, dejarían espacio para contratar a los mayores de 50 y a los menores de 25 que están en el paro. ¿Dónde está el quid de la cuestión? Seguro que debe de haber algún motivo económico. Ahorrar en el pago a pensionistas por un lado y pagar subsidio de desempleo al mismo tiempo por otro. Seguro que la balanza se decanta a favor de lo primero, pues, la manutención de los pensionistas es mucho más costosa que la de los parados. Solo hay que comparar 10,32 millones de pensionistas frente a los 2,78 millones de parados.

Probablemente no haya tantos puestos de trabajo como trabajadores potenciales, por lo menos oficialmente, pues la economía sumergida es muy lucrativa para muchos patronos, esos que tienen trabajadores en situación ilegal y les pagan una miseria. Pero esta es otra historia.

Encuentro francamente injusto que la estabilidad económica y el bienestar de los jubilados y la de los parados se contemple en térmicos económicos y no sociales.