A todos nos fastidia tener que
“aflojar la pasta”, pero a unos más que a otros, según sus circunstancias
personales. Pero lo que, en general, más disgusta al ciudadano es pagar
impuestos. Hay quien, en un ejercicio de ignorancia, piensa que ello es extremadamente
injusto y lo ven como un expolio contra natura. Deben pensar que los
gastos generales del Estado ─que en 2024 ascendieron a unos 725.000 millones de
euros, y cuyo presupuesto ha quedado congelado por no haber llegado a un
consenso político para su renovación anual─ se cubren con el maná caído del
cielo. No sé si alguna vez se han preguntado lo que cuesta hacer frente a las
muchísimas inversiones que un país como el nuestro necesita.
Otra cosa a tener en cuenta es dónde
van a parar nuestros impuestos, si se invierten acertadamente o hay una fuga
hacia manos o intereses oscuros. Pero para ello, hay un control presupuestario
que, en teoría, fiscaliza al Estado. ¿Algo o alguien se escapa a ese control?
Buena pregunta para la que no tengo respuesta. Así que dejémoslo aquí.
Sea como sea, es cierto que no siempre
se utiliza nuestro dinero para los fines más imprescindibles, especialmente en
algunas CCAA. De lo contrario, no habría problemas de falta de inversión ─o
peor aún, de desinversión─ en la sanidad, la educación o la vivienda, entre
otras necesidades básicas. Alguien hace mal los deberes o no los hace y se
desvían fondos hacia otras partidas menos prioritarias pero políticamente más
interesantes para el gobernante de turno.
Cuando trabajaba, de mi salario se me
retenía alrededor de un 30% en concepto de IRPF. Y no me molestaba, pues era
consciente de lo necesario que era contribuir al gasto público y para conseguir
lo que en Suecia se dio en llamar el estado del bienestar. Por aquella época,
mis colegas suecos (de la Empresa multinacional en la que trabajaba) me
comentaban que, según el nivel salarial, a algunos les correspondía pagar hasta
un 50% de sus ingresos brutos, pero que, a cambio, muchos de los servicios
públicos eran gratuitos (incluida la enseñanza) y funcionaban perfectamente.
Así da gusto pagar impuestos si luego benefician al ciudadano. Lo contrario se
asemeja a un fraude o robo a mano armada.
Hay una frase de Karl Marx que siempre
he hecho mía y que dice “De cada uno según sus capacidades y a cada uno
según sus necesidades”. Esa sí que es una verdadera solidaridad. Quien más
tiene, más debe aportar al erario público, y quien menos tiene y más necesita,
tiene que recibir la ayuda necesaria para vivir dignamente. Por eso me indigna
que las grandes Empresas, que tienen unos beneficios millonarios, paguen una
miseria en concepto de impuestos en comparación con un trabajador cualquiera.
Pero para más injusticia y
desigualdad, hay impuestos que se aplican en algunas CCAA y en otras no, como
el de sucesiones y donaciones. En primer lugar, ¿Por qué tienen que quedarse
las autoridades competentes en asuntos económicos con un porcentaje de una
herencia o donación, generalmente de padres a hijos? ¿Acaso el dinero y bienes
adquiridos por los progenitores no han tributado reglamentariamente mientras
vivían? Entre IVA e IRPF, creo que ya cumplimos de sobra con nuestras
obligaciones con el fisco. Si hace falta más dinero para financiar una Comunidad
Autónoma, no creo que sea imprescindible ahogar al contribuyente en impuestos,
sino utilizarlos como es debido, ahorrando en gastos innecesarios.
Más irregularidades que demuestran un
desequilibrio entre CCAA: ¿por qué en unas se subvenciona lo que en otras no
por falta de dinero? Y resulta que ─no mencionaré cuáles, pero es fácil de
descubrir─ entre las que precisamente bajan impuestos y dan servicios gratuitos
a su población están las más deficitarias, mientras que otras más ricas no se
lo pueden permitir. No es ni más ni menos que un agravio comparativo. Y ¡ay de
quién proteste!, porque se le tacha de insolidario.
Y por último, una irregularidad elemental
que parece ser que nadie tiene en cuenta o bien lo tiene pero como algo anecdótico:
no siendo el IPC igual en todas las Comunidades, quien tiene la suerte de vivir
en una con un IPC más bajo, pero su salario es exactamente igual que el de otro
trabajador que vive en otra con un IPC superior (trabajadores de una misma
Empresa con sucursales por todo el territorio nacional), vivirá más
desahogadamente. De ahí que algunos jubilados que han vivido y trabajado en
ciudades caras, vuelvan a su terruño, donde pueden vivir más holgadamente.
España no solo es un país
plurinacional (mal que les pese a algunos) sino también pluri económico, con
diferencias, a veces abismales y, por lo tanto, injustas. ¿Y qué hacen los
impuestos autonómicos? Pues agravar estas diferencias y crear lo que yo
llamaría una distopía social y/o económica.
Y duele saber que mientras muchos
pagamos religiosamente lo que nos corresponde, otros ─curiosamente políticos,
que deberían dar ejemplo─ se dedican a desviar fondos de la Comunidad hacia
otros derroteros, llenarse los bolsillos y, para colmo, tienen la prebenda de
poder disfrutar de una jubilación de lujo. Por no hablar de la famosa amnistía
fiscal que tuvo a bien aplicar al gobierno de Mariano Rajoy y dirigida por el
entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que benefició a empresarios y
grandes fortunas, a contribuyentes con activos no declarados en el extranjero
─muy patriotas ellos─. políticos y personalidades públicas, miembros de la
nobleza, etc. Sin palabras. Al parecer, lo de que “Hacienda somos todos” lo
interpretaron a su manera.
Pero como no tengo ninguna potestad
para solventar ni minimizar estas anomalías, pues me tengo que aguantar y
desahogarme por aquí.

Tema complejo donde los haya. Porque, a ver, está claro que los impuestos son necesarios para que un país funcione. El problema está cuando no te fías de quien se encarga de administrar ese dinero y tampoco estás de acuerdo con la distribución que se hace de ese dinero. Con el sistema de autonomías se multiplicaron las administraciones (en algunos casos hasta se triplicaron), y por ende se multiplicaron los impuestos hasta el infinito y más allá (hoy pagas hasta después de muerto).
ResponderEliminarHay gastos que yo eliminaría de cuajo, como la financiación de las televisiones autonómicas, y revertiría ese dinero en sanidad, educación y servicios sociales. ¿Y el Senado? ¿Para qué puñetas sirve el Senado? Y así, suma y sigue.
Impuestos sí, pero con una mejor fiscalización, transparencia, y distribución donde realmente se necesita.
Un abrazo, Josep.
¡Qué razón tienes al recordar que los 725.000 millones no caen del cielo! Y lo de Suecia... ¡uf! Qué envidia sana. Pagar un 50 % a cambio de sanidad, educación y servicios que funcionan como un reloj suizo... eso sí que es un pacto social que merece la pena. Aquí, en cambio, a veces da la sensación de que pagamos por un billete de lotería y nos toca el número premiado... pero para otro.
ResponderEliminarLos impuestos, nos gusten más o menos, son la esencia de una sociedad justa siempre que esos impuestos sean justos y acordes a las rentas percibidas.
Un abrazo, Josep.