Jueces para la democracia

 

Juezas y jueces para la democracia (JJdP) es una asociación judicial fundada en 1984 que nació a partir de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que agrupa a juezas y jueces comprometidos con los valores constitucionales, la defensa de los derechos fundamentales y la consolidación de un Estado social y democrático de derecho, según la definición que consta en su página web.

En este sentido, ¿no resulta, como mínimo curioso, o paradójico, que deba existir un grupo de magistrados que se signifiquen públicamente a favor de algo que debería ser lo normal en un país democrático como el nuestro? ¿Acaso ello significa que hay jueces en España que no están por la labor de proteger los derechos constitucionales a ultranza, que no son demócratas?

Pues a pesar de lo que digan algunos, no todos los jueces actúan en beneficio de la verdad y la justicia. Existe un temor reverencial o hipocresía institucionalizada en la mayoría de ciudadanos, e incluso en algunos partidos políticos, a declarar abiertamente que no existe en nuestro país una clara separación de poderes, el político y el judicial. Les guste o no a algunos ultraconservadores, hay jueces que hacen política y políticos que se erigen en jueces. Es lo que se conoce como politización de la justicia y judicialización de la política, respectivamente. Es algo que se conoce, pero no se admite públicamente, a menos que se quiera ser tachado de izquierdista consumado y recalcitrante al que hay que combatir. Seamos realistas: no todos somos iguales ante la ley, pues dependemos del juez que instruya el asunto a enjuiciar. Es triste y peligroso que un dictamen, favorable o desfavorable, dependa de qué juez lleve el caso.

Yo me pregunto si se puede separar la ideología política (o religiosa) de un juez de la forma en que aplica la ley en base al concepto de justicia y democracia.

Al igual que se ha propuesto confeccionar una lista de médicos antiabortistas, para saber en todo momento, por exclusión, la disponibilidad de un médico que sí pueda practicar un aborto en un centro sanitario público, debería existir otra para los jueces en función de su ideología. Y del mismo modo que, según tengo entendido, a un aspirante a policía se le somete a un test psicológico para evitar a un psicópata o extremadamente violento entre sus filas (aunque me temo que, de existir este filtro, no siempre funciona), deberían clasificarse a los jueces según su tendencia sexual y política, no vaya a ser que a un juez homófobo, xenófobo o ultraderechista le toque enjuiciar a una mujer presuntamente violada, maltratada, a un transexual, a un migrante que supuestamente ha cometido un delito contra la propiedad o a un presunto “delincuente” antifascista que ha participado en una pelea contra neonazis.

Como no veo que ello sea factible (seguramente sería tachado de ilegal y para algunos incluso anticonstitucional), ni práctico, quizá si que durante las oposiciones a la judicatura debería implantarse una evaluación previa a la adjudicación del cargo, que revelara esos supuestos prejuicios que impedirán posteriormente aplicar una justicia justa y para todos igual.

Sé que estoy soñando despierto, pero mientras pienso en estas posibilidades, a medio y largo plazo, me imagino un mundo mejor y más justo. Pero si eso acaba ocurriendo, seguro que va para muy largo. Y ya lo dice el refrán: dentro de cien años, todos calvos.