John Heywood acuñó en 1546 ─en su libro de proverbios─ la
frase “los árboles no dejan ver el bosque”, indicando con ello que muchas veces
los detalles minuciosos o los problemas inmediatos nos impiden comprender la
situación general de un problema. Pues bien, me da la impresión de que, aunque en
el fondo conocemos, por ejemplo, el origen de la carestía de los alimentos y su
constante incremento, no profundizamos lo suficiente en el origen y simplemente
nos centramos en su existencia, nos quejamos (y con razón), exigiendo una
solución a las autoridades (al Gobierno, en concreto), como si fueran los
únicos responsables, obviando a los verdaderos culpables: los intermediarios.
Desde su origen al consumidor final, el precio de los
alimentos se multiplica de forma escandalosa, llegando, en algunos casos, a
incrementos que van del 300% al 800%, tanto en los productos agrícolas como
ganaderos, según los informes de 2025.
Esta diferencia entre el punto de origen y el consumidor
(supermercado) se debe a los intermediarios, e incluyen los costes de
transporte, envasado y distribución, más el beneficio que se adjudica el
vendedor. Los agricultores, en concreto, a menudo denuncian que el precio al
que les abonan sus productos apenas cubre los gastos de producción, mientras
que el consumidor final paga precios mucho más altos, que en algunos casos (por
ejemplo: cuando hay escasez de producto por causas diversas, principalmente
climatológicas) resulta todavía más elocuente.
¿Quién controla esos márgenes, procurando que sean justos y
necesarios? Lo ignoro, pero parece que nadie con el mínimo poder, o
determinación, para interceder y solventar este problema cada vez más
acuciante.
En el ámbito farmacéutico, por ejemplo, el margen del
mayorista y el de la oficina de farmacia están regulados y fijados por ley y
también tienen sus costes. ¿Por qué, pues, el de los intermediarios en el
ámbito de la alimentación es libre? Desde el productor (el laboratorio
fabricante y/o comercializador) hasta el consumidor (el paciente) el precio de
un medicamento está fijado y controlado por el Ministerio de Sanidad, excepto
los medicamentos sin receta cuyo precio es libre. Pues bien, yo compararía a esos
medicamentos con receta, financiados por la Seguridad Social, a los productos
alimenticios de primera necesidad, pues ambos son imprescindibles para la
salud.
Así pues, en mi opinión, si se ajustaran, dentro de un
margen razonable, los precios que aplican los intermediarios de los productos
alimenticios, tanto el agricultor como el ganadero podrían vender sus productos
a un precio más justo y el consumidor final los pagaría a un precio más
razonable.
Que los precios, tanto en origen como en el supermercado,
suban debido a la escasez de los mismos, por las razones que antes he
comentado, como la baja producción debido a la sequía o a las inclemencias
climatológicas, es otro tema a considerar y con el que yo discrepo totalmente,
pero esto ya sería objeto de un análisis aparte.
Por lo tanto, deberían eliminarse las excusas de siempre:
de que es un tema muy complejo, que se está estudiando su posible solución,
mientras que los sectores perjudicados se manifiestan, a veces violentamente,
en las calles y carreteras de nuestro país, y que solo reciben promesas, que no
llegan a cumplirse, del Ministerio responsable. Eso de tomar medidas es muy
típico de nuestros políticos, pero parece que les falta voluntad o atrevimiento
para poner en práctica dichas medidas. Quizá temen a las grandes
comercializadoras y ser tachados por ciertos empresarios y partidos políticos de
comunistas o cuanto menos de dictadores, al imponer medidas coercitivas contra
los abusos de los de siempre.
Entretanto, muchos ciudadanos tendrán que seguir echando
cuentas a la hora de acudir al mercado para llenar la cesta de la compra y
estrecharse el cinturón cada vez más. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que ya no puedan
respirar? Como se dice en las encuestas: No sabe/no contesta.






