Hogar, dulce hogar

 

La vivienda ocupa el primer puesto en la lista de los principales problemas de la sociedad actual en España según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El derecho a una vivienda digna es algo incuestionable, pero que, sin embargo, se ha convertido prácticamente en un deseo inalcanzable para muchos. Los jóvenes, y no tan jóvenes, no pueden permitirse el lujo ─porque ya es un lujo─ de disponer de un piso mínimamente aceptable. Todo por culpa de la insaciable especulación.

Y no solo es el precio prohibitivo de compra de una vivienda el motivo de este problema, sino también el nivel de los alquileres desproporcionadamente elevados en comparación con el nivel de renta de los que buscan un lugar donde vivir. El área donde esto tiene lugar se ha dado en llamar “zona tensionada”. Y al parecer, cada vez hay más zonas tensionadas, que yo las calificaría de inhabitables.

El summum del despropósito de esta situación y de la usura de algunos (muchos, en realidad) propietarios y arrendadores es ver cómo se alquilan minúsculas habitaciones e incluso trasteros, garajes y sótanos a precios indecorosos. ¿Quién es capaz de hacer negocio con las necesidades básicas de la población, tanto si son estudiantes ─que se ven obligados a compartir una de estas viviendas entre varios compañeros─ como una familia trabajadora, ofreciéndoles una vivienda que nadie, en condiciones normales, aceptaría? Y ya no hablemos de las chabolas, que merecería un capítulo aparte.

A pesar de, o paralelamente a, la regulación de los precios de alquiler, estos siguen disparándose. En Barcelona, el precio medio de alquiler es de 1.155 euros y en Madrid de 1.584 euros. En estas dos capitales, se necesitan unos ingresos netos de 2.700 euros mensuales para que pueda vivir aceptablemente una persona soltera (1). Así, lejos de congelar los precios de alquiler, los datos demuestran que han seguido subiendo y que las medidas de intervención han generado desconfianza (¿?) entre los propietarios.

En Catalunya, el Govern de la Generalitat ha aprobado castigos severos al incumplimiento del límite de los precios o al uso fraudulento del alquiler de temporada (2). Pero, al parecer, se cumple lo de “hecha la ley, hecha la trampa”, porque se dan casos de propietarios que cobran hasta 1.200 euros por alquilar un sótano o un garaje a estudiantes, pese a que estas estancias ni siquiera tienen ventanas. No es de extrañar, pues, que haya quien haya decidido vivir en una autocaravana en lugar de en un edificio construido sobre unos sólidos cimientos.

Desde el Colegio de Arquitectos de Madrid se ha indicado que es muy complicado que los propietarios puedan convertir de forma legal ciertos habitáculos en dormitorios y estudios (3), y la Ley de Propiedad Horizontal, actualizada en julio de 2025, establece, entre otras muchas normas, que el uso de un trastero como vivienda vulnera la ley por cuanto su finalidad es el almacenamiento y no la ocupación privativa ni el empleo distinto al consensuado (4). Con todo esto, se está dando el caso inaudito de que el precio de alquiler de algunos garajes está subiendo proporcionalmente más que el de la vivienda (5).

Y así existe una multitud de ejemplos que vulneran la legalidad vigente en materia de vivienda. Y no pasa nada. Eso es lo peor.

Ante tal inmoralidad, el gobierno, o las Comunidades Autónomas responsables de la política sobre vivienda, deberían no solo impedir sino penalizar de forma real y efectiva tales prácticas ─no solo con edictos y multas que en la mayoría de las ocasiones no llegan a materializarse─, que contravienen la más elemental de las necesidades del ser humano, después de la alimentación ─otro de los problemas de encarecimiento, seguramente fraudulento─, que es la de tener acceso a una vivienda decente y accesible.

Según el plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Ministerio de Vivienda ya tiene más de 59.979 viviendas para alquiler social en distintas fases de desarrollo, a las que se suman 14.000 viviendas puestas a disposición de los ciudadanos por parte de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Restructuración Bancaria) y 10.411 activadas por el Fondo Social, lo que suma un total de 84.390 viviendas, siendo la meta alcanzar unas 184.000 repartidas por toda la geografía española y cuyas obras deberían estar finalizadas el 3 de junio de 2026. Pero todos sabemos que España es el país de los retrasos, así que dudo mucho que se cumpla este propósito dentro de plazo.

¿Serán suficientes estas nuevas edificaciones para paliar la escasez de viviendas en alquiler social? Lo ignoro, pero me atrevería a decir que nos quedaremos muy cortos y que, mientras tanto, los fondos buitre y los multi propietarios y grandes tenedores seguirán haciendo su agosto a costa de las necesidades de la población y nadie será capaz de pararles los pies.

Espero, no obstante, que esta iniciativa del Ministerio de la Vivienda dé su fruto, y que muchos ciudadanos puedan acabar disfrutando de una vivienda digna a un precio accesible y que puedan decir al llegar del trabajo “hogar, dulce hogar”.

(1)  Observatorio del alquiler, Universidad Rey Juan Carlos, 9 de julio de 2025

(2)  Barcelona Secreta, 29 de enero de 2025

(3)  lasexta.com, 14 de enero de 2025

(4)  Aestimatio Abogados, 17 de septiembre de 2025

(5)  El País, 15 de marzo de 2025