La vivienda ocupa el primer puesto en
la lista de los principales problemas de la sociedad actual en España según el
barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
El derecho a una vivienda digna es
algo incuestionable, pero que, sin embargo, se ha convertido prácticamente en un
deseo inalcanzable para muchos. Los jóvenes, y no tan jóvenes, no pueden
permitirse el lujo ─porque ya es un lujo─ de disponer de un piso mínimamente
aceptable. Todo por culpa de la insaciable especulación.
Y no solo es el precio prohibitivo de
compra de una vivienda el motivo de este problema, sino también el nivel de los
alquileres desproporcionadamente elevados en comparación con el nivel de renta
de los que buscan un lugar donde vivir. El área donde esto tiene lugar se ha
dado en llamar “zona tensionada”. Y al parecer, cada vez hay más zonas
tensionadas, que yo las calificaría de inhabitables.
El summum del despropósito de esta
situación y de la usura de algunos (muchos, en realidad) propietarios y
arrendadores es ver cómo se alquilan minúsculas habitaciones e incluso
trasteros, garajes y sótanos a precios indecorosos. ¿Quién es capaz de hacer
negocio con las necesidades básicas de la población, tanto si son estudiantes
─que se ven obligados a compartir una de estas viviendas entre varios
compañeros─ como una familia trabajadora, ofreciéndoles una vivienda que nadie,
en condiciones normales, aceptaría? Y ya no hablemos de las chabolas, que
merecería un capítulo aparte.
A pesar de, o paralelamente a, la
regulación de los precios de alquiler, estos siguen disparándose. En Barcelona,
el precio medio de alquiler es de 1.155 euros y en Madrid de 1.584 euros. En
estas dos capitales, se necesitan unos ingresos netos de 2.700 euros mensuales para que
pueda vivir aceptablemente una persona soltera (1). Así, lejos de congelar los
precios de alquiler, los datos demuestran que han seguido subiendo y que las
medidas de intervención han generado desconfianza (¿?) entre los propietarios.
En Catalunya, el Govern de la
Generalitat ha aprobado castigos severos al incumplimiento del límite de los
precios o al uso fraudulento del alquiler de temporada (2). Pero, al parecer,
se cumple lo de “hecha la ley, hecha la trampa”, porque se dan casos de
propietarios que cobran hasta 1.200 euros por alquilar un sótano o un garaje a
estudiantes, pese a que estas estancias ni siquiera tienen ventanas. No es de
extrañar, pues, que haya quien haya decidido vivir en una autocaravana en lugar
de en un edificio construido sobre unos sólidos cimientos.
Desde el Colegio de Arquitectos de
Madrid se ha indicado que es muy complicado que los propietarios puedan
convertir de forma legal ciertos habitáculos en dormitorios y estudios (3), y
la Ley de Propiedad Horizontal, actualizada en julio de 2025, establece, entre
otras muchas normas, que el uso de un trastero como vivienda vulnera la ley por
cuanto su finalidad es el almacenamiento y no la ocupación privativa ni el
empleo distinto al consensuado (4). Con todo esto, se está dando el caso inaudito
de que el precio de alquiler de algunos garajes está subiendo proporcionalmente
más que el de la vivienda (5).
Y así existe una multitud de ejemplos
que vulneran la legalidad vigente en materia de vivienda. Y no pasa nada. Eso
es lo peor.
Ante tal inmoralidad, el gobierno, o
las Comunidades Autónomas responsables de la política sobre vivienda, deberían no
solo impedir sino penalizar de forma real y efectiva tales prácticas ─no solo
con edictos y multas que en la mayoría de las ocasiones no llegan a
materializarse─, que contravienen la más elemental de las necesidades del ser
humano, después de la alimentación ─otro de los problemas de encarecimiento,
seguramente fraudulento─, que es la de tener acceso a una vivienda decente y
accesible.
Según el plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, el Ministerio de Vivienda ya tiene más de 59.979
viviendas para alquiler social en distintas fases de desarrollo, a las que se
suman 14.000 viviendas puestas a disposición de los ciudadanos por parte de la
Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Restructuración Bancaria) y 10.411 activadas por el Fondo Social, lo
que suma un total de 84.390 viviendas, siendo la meta alcanzar unas 184.000
repartidas por toda la geografía española y cuyas obras deberían estar
finalizadas el 3 de junio de 2026. Pero todos sabemos que España es el país de
los retrasos, así que dudo mucho que se cumpla este propósito dentro de plazo.
¿Serán suficientes estas nuevas edificaciones
para paliar la escasez de viviendas en alquiler social? Lo ignoro, pero me
atrevería a decir que nos quedaremos muy cortos y que, mientras tanto, los
fondos buitre y los multi propietarios y grandes tenedores seguirán haciendo su
agosto a costa de las necesidades de la población y nadie será capaz de
pararles los pies.
Espero, no obstante, que esta
iniciativa del Ministerio de la Vivienda dé su fruto, y que muchos ciudadanos
puedan acabar disfrutando de una vivienda digna a un precio accesible y que
puedan decir al llegar del trabajo “hogar, dulce hogar”.
(1) Observatorio del alquiler, Universidad Rey Juan Carlos, 9 de julio de 2025
(2) Barcelona Secreta, 29 de enero de 2025
(3) lasexta.com, 14 de enero de 2025
(4) Aestimatio Abogados, 17 de septiembre de 2025
(5) El País, 15 de marzo de 2025
