Jueces para la democracia

 

Juezas y jueces para la democracia (JJdP) es una asociación judicial fundada en 1984 que nació a partir de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que agrupa a juezas y jueces comprometidos con los valores constitucionales, la defensa de los derechos fundamentales y la consolidación de un Estado social y democrático de derecho, según la definición que consta en su página web.

En este sentido, ¿no resulta, como mínimo curioso, o paradójico, que deba existir un grupo de magistrados que se signifiquen públicamente a favor de algo que debería ser lo normal en un país democrático como el nuestro? ¿Acaso ello significa que hay jueces en España que no están por la labor de proteger los derechos constitucionales a ultranza, que no son demócratas?

Pues a pesar de lo que digan algunos, no todos los jueces actúan en beneficio de la verdad y la justicia. Existe un temor reverencial o hipocresía institucionalizada en la mayoría de ciudadanos, e incluso en algunos partidos políticos, a declarar abiertamente que no existe en nuestro país una clara separación de poderes, el político y el judicial. Les guste o no a algunos ultraconservadores, hay jueces que hacen política y políticos que se erigen en jueces. Es lo que se conoce como politización de la justicia y judicialización de la política, respectivamente. Es algo que se conoce, pero no se admite públicamente, a menos que se quiera ser tachado de izquierdista consumado y recalcitrante al que hay que combatir. Seamos realistas: no todos somos iguales ante la ley, pues dependemos del juez que instruya el asunto a enjuiciar. Es triste y peligroso que un dictamen, favorable o desfavorable, dependa de qué juez lleve el caso.

Yo me pregunto si se puede separar la ideología política (o religiosa) de un juez de la forma en que aplica la ley en base al concepto de justicia y democracia.

Al igual que se ha propuesto confeccionar una lista de médicos antiabortistas, para saber en todo momento, por exclusión, la disponibilidad de un médico que sí pueda practicar un aborto en un centro sanitario público, debería existir otra para los jueces en función de su ideología. Y del mismo modo que, según tengo entendido, a un aspirante a policía se le somete a un test psicológico para evitar a un psicópata o extremadamente violento entre sus filas (aunque me temo que, de existir este filtro, no siempre funciona), deberían clasificarse a los jueces según su tendencia sexual y política, no vaya a ser que a un juez homófobo, xenófobo o ultraderechista le toque enjuiciar a una mujer presuntamente violada, maltratada, a un transexual, a un migrante que supuestamente ha cometido un delito contra la propiedad o a un presunto “delincuente” antifascista que ha participado en una pelea contra neonazis.

Como no veo que ello sea factible (seguramente sería tachado de ilegal y para algunos incluso anticonstitucional), ni práctico, quizá si que durante las oposiciones a la judicatura debería implantarse una evaluación previa a la adjudicación del cargo, que revelara esos supuestos prejuicios que impedirán posteriormente aplicar una justicia justa y para todos igual.

Sé que estoy soñando despierto, pero mientras pienso en estas posibilidades, a medio y largo plazo, me imagino un mundo mejor y más justo. Pero si eso acaba ocurriendo, seguro que va para muy largo. Y ya lo dice el refrán: dentro de cien años, todos calvos.

 

Reivindicaciones perturbadoras

 

Esta entrada puede resultar controvertida y hacer que los lectores me califiquen de reaccionario. Nada más lejos de la verdad. En todo caso, seré quisquilloso, impaciente y poco empático cuando un evento del tipo que sea perturba o limita mi libertad.

Me considero progresista y reivindico a ultranza el derecho a la libertad de expresión y de manifestación, siempre y cuando no se cruce una línea roja; en el primer caso, la mentira, la calumnia y el insulto; y en el segundo, la extrema violencia y el vandalismo. También defiendo los derechos de la clase trabajadora y su lucha por unos derechos amparados por el estatuto de los trabajadores.

Tanto el derecho a manifestarse como el de hacer huelga están protegidos por ley, como no podía ser de otro modo en una sociedad democrática.

Pero ¿qué pretende un huelguista? Pues reivindicar mejoras en su puesto de trabajo (ya sean salariales, de horario o condiciones laborales diversas, entre otros derechos). ¿Y a quién va dirigida esta protesta? Pues al empresario o Empresa para la que trabajan.

¿Y qué se pretende con una manifestación? Pues expresar públicamente el descontento por cualquier tipo de injusticia social y reivindicar que lo que se exige sea tenido en cuenta. Así pues, son las autoridades, ya sean locales, autonómicas o centrales, las que tienen la potestad de tomar partido y actuar directamente o intermediar en beneficio de los manifestantes ante quienes va dirigida esta protesta.

Pero la realidad suele ser distinta y los perjudicados de ambas acciones, perfectamente legítimas (la huelga y la manifestación, que generalmente suelen ir de la mano), no son, en primera instancia, los empresarios ni las autoridades, sino los ciudadanos de a pie que no participan en esos actos por las causas que sean, a pesar de dar soporte a esas quejas.

Cortes en la circulación y en la movilidad general: cortes de carreteras y de las principales vías de acceso y de circulación en la ciudad, líneas de tren cortadas, carreteras y autopistas cortadas por agricultores o ganaderos en protesta por sus condiciones laborales u otras afectaciones económicas, vuelos anulados, aeropuertos tomados por una multitud de manifestantes o bloqueados por taxistas en huelga, autobuses y metros fuera de servicio (salvo durante los obligados servicios mínimos), y servicios públicos suspendidos temporalmente, etc..

En tales casos, ¿qué puede hacer el ciudadano que tiene que ir a trabajar, tomar un avión, asistir a un examen o a una visita médica, por no hablar de una intervención quirúrgica u otras actividades ineludibles? ¿No resulta injusto perjudicar a inocentes que, como he dicho, muy probablemente empatizan con los manifestantes? ¿No sería más justo que las manifestaciones, tanto por motivos laborales, sociales o políticos, se hicieran ante la empresa u organismo responsable? A una Empresa se la perjudica haciendo huelga de brazos caídos, pues ello afectará la productividad y supondrá una pérdida económica que puede ser millonaria. Pero ¿qué culpa tiene el resto de la población porque dicha Empresa, ya sea pública o privada, no acceda a las peticiones de los manifestantes? 

Un caso aparte y reciente es el execrable genocidio que ha sufrido el pueblo palestino en Gaza, un hecho tan inmoral que ha merecido ser objeto de multitudinarias manifestaciones, tanto a nivel nacional como internacional, protestas para alzar la voz ante tal barbarie. Pero aun así, ¿qué culpa tenemos de sufrir colapsos de movilidad durante horas y días, si todos estamos en contra de esa masacre vergonzante y apoyamos la causa palestina? En este último caso, un caso ciertamente extremo, es imperioso presionar a las autoridades nacionales de cada país para que, a su vez, presionen a quienes tienen el deber de detener o hacer detener el genocidio, pero con manifestaciones pacíficas que eviten el tumulto y el caos y ofrezcan alternativas de movilidad a los ciudadanos afectados. 

Lo antedicho, puede parecer egoísta, pero creo que es perfectamente compatible una protesta multitudinaria con el bienestar de quienes no participan físicamente en ella.

Supongo que no es fácil ejercer una presión viable y eficaz ante cualquier entidad nacional o supranacional sin perjudicar mínimamente a terceros, así como evitar que una manifestación acabe en una batalla campal por culpa de unos cuantos ultras vándalos. Pero algo habría que hacer, ya que no me parece de recibo tener que resignarnos a sufrir las consecuencias de unos actos que nos pueden afectar grave e irremediablemente, aunque sea de forma temporal, por el hecho de ser justos y necesarios.

No sé si llevo una pizca de razón en todo lo aquí expuesto o es la edad lo que me hace pensar así y me he vuelto un viejo cascarrabias.

El misterio de las tecnologías

 

Solo empezar a escribir esta nueva entrada, me viene a la mente la redacción que nos obligaban a hacer en la escuela tras las vacaciones de verano, al inicio del nuevo curso escolar, contando qué habíamos hecho durante ese período de descanso de dos meses y medio. En mi caso, sin embargo, me limitaré a relatar las incidencias que he tenido que sufrir y que nada tiene que ver con las actividades de ocio y relax.

Siempre he pensado que algo que se ha diseñado para facilitarnos la vida o, por lo menos, ciertas actividades en principio engorrosas, muchas veces nos la complica, por lo menos a quienes ya peinamos canas.

Aunque siendo un septuagenario, creo que me defiendo aceptablemente bien en bastantes aplicaciones, prueba de ello es este blog. Uso WhatsApp y email con soltura, al igual que algunas redes sociales, pero, de vez en cuando me exaspero si algo no funciona o deja de funcionar inexplicablemente y no tengo forma de solucionarlo por mis propios medios, debiendo acudir a alguien más versado que yo, incluyendo a algún tutorial que, dicho sea de paso, a veces me confunden aún más o son del todo inútiles porque sus indicacines no siempre se corresponden con mi realidad o porque las aplicaciones o comandos que muestran no existen en mi aparato, ya sea un teléfono móvil, un ordenador o un televisor. Así pues, cosas que parecen muy fáciles de resolver, no lo son tanto.

Y todo esto viene a cuento porque parece que últimamente ha habido una mando negra que se ha propuesto hacerme la vida imposible, coincidiendo con el horrible calor infernal de este verano.

Cuando uno, por ejemplo, cambia de vehículo, lógicamente tendrá que adaptarse a sus nuevas prestaciones, pero al poco tiempo ya lo conducirá sin problemas y las utilizará como si siempre lo hubiera hecho así, salvo si uno es muy torpe, claro. Pero un cambio de soporte técnico, informático u ofimático no debería necesitar indagar e instruirse previamente, leyendo un denso y complejo manual de instrucciones, pues esto va en contra de lo que los anglosajones han dado en llamar user-friendly (fácil de usar, manejar y comprender por un usuario).

En mi caso, que es el objeto principal de esta entrada, me he visto sometido, en cuestión de los últimos tres meses, a complicaciones variopintas, a cual más irritante, que han afectado a la recepción de las plataformas de pago (en un caso por culpa de Netflix y en el otro de Movistar); con problemas con el nuevo teléfono móvil y con el nuevo ordenador, en este último caso especialmente con el paquete de Office que tenía incorporado, en el que te pierdes buscando las aplicaciones o comandos que habías venido utilizando hasta hace poco; con Gmail, que no me reconocía; con varias aplicaciones volcadas desde el ordenador anterior al actual (entre ellas iTunes, dejando vacía mi biblioteca de música); con la peculiar selectividad de la impresora, que no respondía o sólo imprimía algunos de los documentos que el ordenador le enviaba para imprimir; y así una retahíla de anomalías y carencias que, por fortuna, con mucha paciencia (cosa de la que carezco) y con alguna que otra ayuda externa (más o menos certera), logré subsanar, aún necesitando para ello días y hasta semanas. 

Pero la guinda del pastel, que me produjo tanta o más exasperación fue la participación de las empresas que, teóricamente, deberían solucionar los problemas en los que ellas estaban, directa o indirectamente involucradas (léase Netflix, Amazon y Movistar, por poner unos pocos ejemplos). Y es que esta participación es muy difícil de conseguir a la primera, ya sea humana o virtual (si desea esto, marque uno, si desea aquello, marque dos, si desea lo otro, marque el tres, y si no, espere. Y luego: todos nuestros agentes están ocupados. Y musiquilla a la espera, a veces interminable), y cuando por fin logras que te atienda un ser humano, esperar a que te comprenda y solucione el problema. En varios casos tuve que contactar con alguna de las empresas anteriormente mencionadas unas diez o doce veces hasta conseguir ser atendido por un técnico listo y entendido en la materia que sí pudo echarme un cable.

Curiosamente, lo que más me ha ayudado para al menos aclarar los motivos de tales disfunciones ha sido el ChatGPT. Parece una contradicción a lo que he expuesto sobre las nuevas tecnologías, pero aquí podría decir aquello de que no hay mal que por bien no venga.

Pero esta lista de despropósitos sólo es una pequeña muestra de todo lo acaecido este caluroso verano, pues no quiero alargarme y aburriros más con mis cuitas tecnológicas.

De todos los inconvenientes con los que he tenido que apechugar, solo uno no ha podido resolverse: al cambiarme Movistar el router, cambió el wifi, por lo que la aplicación instalada en mí móvil en su día por los instaladores de las placas solares dejó de funcionar y como la empresa instaladora y Movistar no se pusieron de acuerdo con la forma de solventarlo, pues ya no puedo consultar la energía producida por las placas y el consumo eléctrico doméstico. Aunque me han dicho que esté tranquilo, que las placas seguirán funcionando correctamente, me da coraje no poder consultar esa información, cuando tenía acceso a ella. Es como si me hubieran instalado en el coche un accesorio muy interesante y útil y dejara de actuar, a pesar de que el vehículo seguirá funcionando perfectamente.

Seguro que tengo muchos defectos, pero de todos ellos, los dos peores son la impaciencia y el perfeccionismo. Porque ¡ojo!, ser perfeccionista no es nada bueno, no significa ser perfecto. Es una lacra para quien la sufre. Todo tiene que funcionar a la perfección, de modo que, de lo contrario, el perfeccionista entra en una fase de exasperación y de un tremendo enojo. Y cuando, por fin, todo vuelve a funcionar como es debido, siente un gran alivio. Pero nadie le quita lo bailao. Y a esperar a la próxima contrariedad.

Con estos ejemplos pretendo ilustrar que teóricos avances tecnológicos que pretenden ayudar al usuario, le pueden, en la práctica, perturbar. Un ejemplo muy reciente y que tendrá lugar el próximo mes de enero es la implantación de un nuevo sistema de facturación informática con facturas electrónicas y recibos en papel (incluidos los de los bares y supermercados) que incluirán un código QR que todas las empresas, grandes y pequeñas, y los autónomos estarán obligados a implementar. En esencia, lo que se pretende es fiscalizar mucho más y mejor las actividades económicas, enviando la información directamente a Hacienda. Cierto es que, en caso de dificultades prácticas, entre ellas la de necesitar un tiempo para la adaptación, se facilitará alguna alternativa, pero de dificultad parecida o peor.

Los comerciantes (sobre todo los pequeños) y los autónomos ya han expresado su malestar por las dificultades prácticas que ello entrañará en cuanto al coste que representará la adquisición de un nuevo sistema informático y el aprendizaje que ello representará que, en muchos casos afectará especialmente a los pequeños comercios regentados por personas mayores que no están familiarizadas con estos procedimientos.

En resumen, todo esto significa que lo que se simplifica y mejora por un lado (para Hacienda), se complica por otro (al pequeño comercio) y con esto vuelvo al inicio de esta publicación.