La Ley no Ley

¿Habéis visto ese anuncio televisivo que acaba diciendo “el banco no banco”, refiriéndose a una entidad bancaria online? Con ello, el publicista quiere indicar que se trata de un banco, aunque no lo parezca porque no tiene la presencia física a la que estamos acostumbrados. No es algo tangible, pero existe. También usa este concepto para el cine no cine —comparando el cine en las salas tradicionales frente al cine a través de las plataformas digitales— y el viejo no viejo —mostrando a un “viejo rockero” quien, aunque con muchos años a la espalda, no tiene nada que envidiar de los jóvenes músicos del rock.

Pues, del mismo modo, yo crearía el concepto de Ley no Ley cuando esta es lo que no parece, o no es lo que parece, tanto monta.

En una entrada que publiqué el 12-06-2019 titulada “El filtro cerebral” ya traté del hecho, para mí sorprendente, de cómo dos observadores pueden ver lo mismo desde perspectivas completamente opuestas, y lo que para uno es blanco, para el otro es negro, como si estuvieran programados para responder a una misma cuestión de forma contrapuesta. Pero en aquella ocasión, se trataba de seres humanos y de la subjetividad inherente a ellos. Aquí, en cambio, el centro de la, para mí, incomprensible discrepancia son las leyes o la Ley en mayúsculas.

Parto de la observación cotidiana de que, ante un mismo problema o planteamiento legal, un jurista apoya un postulado y otro disiente totalmente. Se entiende que ambos son expertos en leyes (jueces, magistrados, abogados penalistas, profesores y catedráticos en derecho penal e incluso constitucional), todos han estudiado la misma carrera. ¿A qué se debe, pues, esa enorme divergencia de pareceres a la hora de juzgar un mismo hecho? ¿Cuál es el origen de esas discrepancias tan sustanciales cuando se trata de afirmar que un acto es o no legal? Pongamos un par de ejemplos muy recientes: ¿Por qué, mientras unos afirman que un eurodiputado español elegido por votación popular debe obligatoriamente proceder al juramento o promesa de la Constitución en España para tomar posesión de su acta en el Parlamento Europeo, otros niegan tal obligatoriedad y señalan que lo que prevalece es el resultado de la elección para ocupar dicho cargo? También hay diversidad de opiniones en cuanto al “disfrute” de inmunidad parlamentaria. Unos la consideran de pleno derecho y otros aducen que inmunidad no es igual a impunidad. No me voy a pronunciar en ninguno de estos dos casos elegidos al azar por su actualidad política, como tampoco me referiré, en esta ocasión, porque creo haberlo hecho con anterioridad, al distinto trato que la judicatura en general le da a un individuo en función de su cargo público o notoriedad social, creando así un agravio comparativo, pues aquí entraríamos en el cenagoso sendero de la independencia judicial, de la falta de imparcialidad e incluso de la prevaricación.

Si cortar carreteras, con graves perjuicios para los ciudadanos, montar barricadas, lanzar objetos a la policía y quemar contenedores o neumáticos en plena vía pública está castigado por la ley, ¿por qué esta actúa con más o menos contundencia según la reivindicación que hay tras esas manifestaciones callejeras? Está más claro que el agua que el trato legal es mucho más duro e inflexible si la reivindicación tiene un cariz político que si es de índole social. El daño es el mismo y tipificado igualmente por la ley, independientemente de si lo que se defiende es un salario digno o la abolición de la monarquía.

Todo lo anterior señala como culpable de esa distorsión legal únicamente al individuo que acusa, juzga y dicta sentencia, pero por encima de esos hombres y mujeres que aplican la ley según sus criterios, está la Ley. Y no dejo de hacerme la misma pregunta día sí y día también: ¿Tan confusas y ambiguas se redactan las leyes como para que den lugar a esa disparidad de interpretaciones sobre un mismo hecho? ¿Es esa supuesta ambigüedad el resultado de una imperfección irreflexiva, o algo premeditado para dejar margen de maniobra a los jueces? Entiendo que los hechos a enjuiciar no siempre son simples, claros y fáciles de tratar, y dependen de muchas circunstancias; por eso existen atenuantes y agravantes que pueden modificar ostensiblemente la pena a cumplir. Por tal motivo, una ley no puede redactarse de forma extremadamente rígida, pero el margen de interpretación debe quedar muy claro, en base a unos derechos constitucionales y no al libre albedrío. No es posible que, para un mismo delito, un juez dicte una pena de seis meses de cárcel —con lo cual no hay ingreso en prisión— y otro dos años y un día —con lo cual sí que el condenado entra en prisión—. Que la resolución dependa de qué juez le toque a un acusado me parece frívolo, parcial y muy peligroso. El futuro de una persona no puede depender del carácter, las creencias y el estado de humor de un juez. La Ley debe estar siempre por encima de esas condiciones humanas. La ideología de un juez no puede distorsionar una ley.

Si la Ley es igual para todos, debe ser justa. Y aunque sabemos que, por desgracia, legalidad y justicia no siempre van de la mano, para mí, una ley que es injusta o se aplica injustamente no tiene la categoría de Ley. Esa es una Ley no Ley.