Prescribir o no prescribir, esa es la cuestión

Disculpad la desfachatez de imitar el más que famoso soliloquio del genio inglés de las letras, nuestro admirado Guillermo Shakespeare, pero lo hago con la mejor de las intenciones, que no es otra que la de poner en el ojo de mira una de las dudas que más me inquietan últimamente.

Aunque siempre he creído en la veracidad del famoso refrán “zapatero a tus zapatos”, también pienso que hay temas en los que no se precisa ser un experto para opinar. El de hoy solo requeriría de unos profundos conocimientos de leyes si intentara debatir la forma, no el fondo de la cuestión. Así pues, ¿debe prescribir un delito grave? ¿Debe extinguirse la responsabilidad penal de quien ha cometido un acto criminal por el hecho de haber transcurrido un cierto periodo de tiempo? ¿Por qué se fija un plazo legal para poder eludir una condena? ¿Acaso el mal tiene fecha de caducidad?

Como la gran mayoría de mis entradas en este blog, esta también surge a raíz de una noticia reciente que, por su interés mediático y su reincidencia, me ha dado que pensar largo y tendido.

El pasado 8 de octubre, la Audiencia Provincial de Madrid dictó sentencia en el tema de los “bebés robados”, en la que, a pesar de reconocer que los hechos declarados en el juicio habían sido cometidos, procedía la absolución del Doctor Vela en base a que el delito había prescrito. En otras palabras: al haber transcurrido un tiempo determinado, ese delito tan grave no puede ser castigado con la pena de once años que pedía la acusación. Al margen de que este caso en concreto pueda ser revisado por consideraciones cronológicas, de cuándo debe empezar a contarse el plazo para la impunidad, es decir la fecha a partir de la cual debe computarse el plazo de prescripción, mi pregunta, desde el punto de vista de un perfecto profano en leyes, sigue siendo la misma: ¿por qué deben prescribir ciertos delitos?

Como señalan los que son especialistas en Derecho Penal, “la existencia de la prescripción se basa en que, aunque la pena es necesaria para la existencia y pervivencia del orden jurídico, el transcurso de un tiempo razonable desde la comisión de un delito sin que se haya castigado al culpable, hace que la pena ya no pueda cumplir la finalidad de prevención e incluso pueda ser contraria a la finalidad de reinserción de la pena, por lo que esa prescripción anula toda responsabilidad penal” (sic).

Lo dicho en el párrafo anterior me parecería aceptable en casos de menor trascendencia social como, por ejemplo, hurtos bajo el efecto del alcohol o estupefacientes o venta de drogas cuando han transcurrido varios años y el presunto ladrón o “camello” ya se ha rehabilitado, tiene un trabajo honrado y estable, e incluso ha formado una familia. Me parece igualmente correcto apelar, en estos casos, a un indulto si el condenado debe entrar en prisión después de varios años de haber sido juzgado. Encarcelar a un exdrogadicto que cometió años atrás un delito contra la propiedad cuando ya ha abandonado esa vida delictiva, cuando ya no representa ningún peligro para la sociedad, hay un franco arrepentimiento y tiene una familia por la que velar, no me parece apropiado ni conveniente. Pero tampoco encuentro justo ni apropiado aplicar este mismo trato benevolente a delincuentes que han cometido faltas muy graves y de forma reiterada.

He aquí los plazos que establece el Código Penal para la prescripción de un delito en función de la pena máxima, que empiezan a contar desde el mismo día que se cometió el hecho delictivo:

-A los veinte años, cuando la pena máxima señalada al delito sea prisión de quince o más años.

-A los quince, cuando la pena máxima señalada por la ley sea inhabilitación por más de diez años, o prisión por más de diez y menos de quince años.

-A los diez, cuando la pena máxima señalada por la ley sea prisión o inhabilitación por más de cinco años y que no exceda de diez.

-A los cinco, los demás delitos, excepto los delitos leves y los de injuria y calumnia, que prescriben al año.

No prescriben, en cambio, los delitos contra la humanidad y de genocidio, los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado y los delitos de terrorismo si han causado alguna muerte.

A colación de lo indicado sobre los delitos de “lesa humanidad”, quizá no se les aplique un plazo de prescripción, pero ello suele ser, de facto, reemplazado por otros argumentos que acaban haciendo inviable su penalización y castigo. Pero, como se suele decir cuando surge un tema sobre el que no se pretendía discutir, “esta ya es otra historia”.

Obviamente no es igual un delito fiscal (dependiendo de la cuantía defraudada) que uno contra la dignidad (pederastia, violación) y la vida humana, como no lo es un crimen aislado, accidental y con atenuantes que un crimen premeditado y reiterado. Por tal motivo no todos los delitos, al margen de los realizados contra la humanidad o de índole terrorista, deberían prescribir. Me repugna pensar que, por haber transcurrido veinte años, la vida de un ser inocente parezca exenta de valor porque quien se la quitó no pueda ser juzgado por ello; que por haber transcurrido quince, el robo de un bebé a una madre, haciéndole creer que este ha fallecido, quede impune; o que por haber transcurrido diez, una violación o acto de pederastia puedan quedar indemnes.  El tiempo puede borrar muchas cosas, pero jamás el merecido castigo por unos actos tan execrables como estos.

El Código Penal se puede modificar, hasta la Constitución es modificable. ¿Por qué motivo se mantiene la prescripción de delitos graves? Esa es la cuestión.