El pan y la guerra

Uno de los derechos fundamentales del hombre es el derecho a un trabajo digno. Nadie desea perder su puesto de trabajo que le da el sustento a él y a su familia, ni ver sus ingresos reducidos sustancialmente por cualquier tipo de reestructuración empresarial. Incluso los cultivadores de coca en Colombia se opusieron rotundamente a la política gubernamental de sustitución se esos cultivos por café, banano, piña o palma africana, porque los precios de estos productos son sustancialmente más bajos que los que obtienen por la venta de la hoja de coca a los narcotraficantes. Diría que en este caso estamos ante un dilema moral de gran calado. A esos campesinos no pareció importarles el uso nocivo que se le da al producto que cultivan y recolectan mientras obtengan unos buenos beneficios económicos. Pan a cambio de droga.

Podríamos encontrar otros muchos casos en que un trabajo, en principio, honrado, conlleva o puede conllevar graves inconvenientes sociales, por su potencial efecto dañino, incluso letal, como seria trabajar en una central nuclear, en una fábrica de pesticidas, en la extracción y explotación de diamantes o coltán, en la producción de materiales contaminantes no reciclables, etc. Muchas veces, un trabajo aparentemente inocuo lleva a una situación grave para el ser humano a miles de kilómetros de distancia del lugar de origen. ¿Trabajar, por ejemplo, fabricando armas es moralmente correcto? Como respuesta podríamos argumentar que, como no podemos prescindir de un ejército ni de la policía, y ambos colectivos necesitan armamento para realizar sus funciones, no hay nada que objetar. Sin embargo, cuando un tarado mental se carga al profesor y a media clase en un instituto o a decenas de clientes en un supermercado, todos nos echamos las manos a la cabeza. Pero si en los EEUU, el Congreso decidiera contravenir la sacrosanta primera enmienda aboliendo el uso y la libre compra de armas, algunas de uso militar, los primeros que pondrían el grito en el cielo serían sus vendedores, que verían su negocio hacer aguas. Y cuando esas armas se usan para masacrar a una población indefensa y llevar a cabo un genocidio en toda regla, ¿qué opinan sus fabricantes y suministradores? Supongo que es cuestión de mirar hacia otro lado y decir que allá cada uno (o cada gobierno) con el uso que haga de ellas.

Toda esta larga introducción viene a cuento de la venta de armas por parte de España a Arabia Saudita, a sabiendas de que son utilizadas para acabar con la vida de miles de civiles del Yemen, cuya cifra de muertos ya asciende a 50.000.  Alemania y Canadá han decidido interrumpir el suministro de armas a Arabia Saudita y España quiso seguir sus pasos anulando el envío de 400 bombas láser por un valor de nueve millones de euros. Como revancha, el gobierno de Riad amenazó con cancelar el encargo de cinco corbetas que debían fabricarse en los astilleros gaditanos de Navantia. A raíz de ello, peligraron unos 6.000 puestos de trabajo y la reacción de los empleados no se hizo esperar. Querían mantener su empleo como sea. Desde luego, no es tarea fácil contentar a todas las partes: a una gran parte de la sociedad, que reclama no tener tratos con ese estado árabe que no respeta los derechos humanos, a los empleados de Navantia, que reclaman su plato en la mesa, y al cliente Saudí, que reclama sus bombas.

La ecuación está clara, lo difícil es despejar la incógnita. Solo se fabricarán esas cinco corbetas si se envían las bombas a su destinatario. Trabajo a cambio de muerte. Difícil papel el del gobierno español ante esta disyuntiva, siendo Arabia Saudita el primer comprador de armas y material militar español fuera de la OTAN (con una cifra de negocio de unos 270 millones de euros anuales). Ayer por la tarde, mientras escribía estas líneas, supe que el chantaje había acabado imponiendo su ley y que el Gobierno había ordenado enviar las bombas, un peaje a pagar, el de la muerte de miles de inocentes, para que esas seis mil familias tengan asegurado el pan.

Desde luego, no es lo mismo fabricar bombas que corbetas, aunque ambas cosas tengan un uso militar. El problema reside en que, muchas veces, como en este caso, bombas, armamento y barcos de guerra van en el mismo saco.

Alguien ha propuesto reconvertir esa zona industrial gaditana apostando por otro tipo de negocio. Del mismo modo que cuando la fuente de carbón se agota o su extracción deja de ser rentable no queda más remedio que cerrar las minas y buscar otra actividad para los trabajadores, convendría, en mi opinión, buscar una alternativa igual de rentable pero menos inhumana. Es cuestión de voluntad e ingenio.

Yo, desde luego, preferiría pan a cambio de cualquier cosa que no fuera armas. Pero todos sabemos que cuando se trata de asegurarnos un plato en la mesa y un techo bajo el que cobijarnos, nuestros reparos se tambalean, si no es que se van al carajo.

En este mundo lleno de contradicciones, esta es quizá una de las mayores, pues los derechos humanos entran en colisión consigo mismo. El derecho al trabajo frente al derecho a la vida. Pan o guerra. Una verdadera lástima.