¿El tamaño importa?

 

No penséis mal, que no va de eso que os imagináis, pues esta pregunta vale para casi todo lo que tiene una dimensión. No es lo mismo, por ejemplo, medir 150 cm y pesar 40 Kg que tener una estatura de 220 cm y un peso de 120 Kg. Esos dos extremos tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Así, para un jinete de carreras, el peso y la corpulencia es importante que sea baja, mientras que un jugador de baloncesto o un luchador de lucha libre, cuanto más alto y corpulento sea mucho mejor. Y así encontraríamos más ejemplos en los que el tamaño, ya sea grande o pequeño, es importante.

Pero pasemos al tema que aquí he traído y que todavía no he revelado: el tamaño de un relato, aunque también podríamos hablar del de una novela. Pero como yo me dedico a lo primero, he centrado mi atención en el género de los relatos.

Años ha, en mis inicios como escritor de relatos, cuando mi imaginación fluía sin cesar y los borradores se me acumulaban en mi escritorio, a la espera de ser publicados para dar tiempo a mis lectores a pasar por mi blog y ponerse al día, algunas de las historias que publicaba tenían una longitud muy superior a la habitual, de modo que decidí “trocearlas” en varios capítulos ─en algún caso hasta en cinco─. Observé que ello tenía un inconveniente para algunos lectores y es que estaban obligados a seguir de cerca el progreso de la historia para no perder detalle de la misma, y para evitarlo tenían que buscar el capítulo precedente si es que lo habían pasado por alto o bien lo querían recordar. Algunos de estos lectores me indicaron que preferían leer un relato de una tirada por largo que fuera que verse obligados a leer capítulo a capítulo y no perderse ninguno. A aquellos que me seguían con regularidad esto no les causaba ningún problema, pero los que pasaban por mi blog con menos frecuencia les resultaba más engorroso porque tenían que hacer el esfuerzo de volverse a “enganchar”. A raíz de ello, decidí poner en cada capítulo un enlace que remitía al anterior para facilitarles la tarea. Aun así, pensé que no debía ser una solución cómoda.

Pero, por otra parte, ello tenía la ventaja de dejar al lector con ganas de más, acabando cada capítulo con un cierto suspense, un recurso conocido como clifhanger. Aun así, a partir de entonces intenté publicar mis relatos enteros, sin interrupciones, con muy pocas excepciones a esta regla.

Debo admitir que precisamente yo soy uno de los que le disgusta leer un texto muy largo, a menos que su contenido me resulte llamativo. No lo he cronometrado nunca, pero más de cinco minutos de lectura me cansa. Ante un texto muy largo, me planteo si leerlo o pasar de él, lo cual es una contradicción: escribo largo, pero no me gusta leer textos largos.  No quieras para los demás lo que no quieres para ti, me dije.

Creo que son muchos los lectores que prefieren un relato breve a uno muy largo o dividido en varios episodios. Así que me planteo qué es lo más idóneo. En caso de que un relato, por su complejidad y trama merezca una extensión superior a las dos mil palabras, me surge la duda de si publicarlo entero o, como he dicho al principio, “trocearlo” sin miramientos para que su lectura sea más llevadera, aun exigiéndole al lector que sea perseverante y no se pierda las continuaciones si quiere enterarse de la totalidad de la historia y, sobre todo, de su final.

¿Qué opináis al respecto?

-       ¿Sois partidarios de un relato publicado de un tirón, aun siendo largo?

-       ¿Preferís que un relato largo se divida en varios capítulos? o

-       ¿Solo os gustan los relatos breves?

En definitiva: ¿os importa el tamaño?

Hogar, dulce hogar

 

La vivienda ocupa el primer puesto en la lista de los principales problemas de la sociedad actual en España según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El derecho a una vivienda digna es algo incuestionable, pero que, sin embargo, se ha convertido prácticamente en un deseo inalcanzable para muchos. Los jóvenes, y no tan jóvenes, no pueden permitirse el lujo ─porque ya es un lujo─ de disponer de un piso mínimamente aceptable. Todo por culpa de la insaciable especulación.

Y no solo es el precio prohibitivo de compra de una vivienda el motivo de este problema, sino también el nivel de los alquileres desproporcionadamente elevados en comparación con el nivel de renta de los que buscan un lugar donde vivir. El área donde esto tiene lugar se ha dado en llamar “zona tensionada”. Y al parecer, cada vez hay más zonas tensionadas, que yo las calificaría de inhabitables.

El summum del despropósito de esta situación y de la usura de algunos (muchos, en realidad) propietarios y arrendadores es ver cómo se alquilan minúsculas habitaciones e incluso trasteros, garajes y sótanos a precios indecorosos. ¿Quién es capaz de hacer negocio con las necesidades básicas de la población, tanto si son estudiantes ─que se ven obligados a compartir una de estas viviendas entre varios compañeros─ como una familia trabajadora, ofreciéndoles una vivienda que nadie, en condiciones normales, aceptaría? Y ya no hablemos de las chabolas, que merecería un capítulo aparte.

A pesar de, o paralelamente a, la regulación de los precios de alquiler, estos siguen disparándose. En Barcelona, el precio medio de alquiler es de 1.155 euros y en Madrid de 1.584 euros. En estas dos capitales, se necesitan unos ingresos netos de 2.700 euros mensuales para que pueda vivir aceptablemente una persona soltera (1). Así, lejos de congelar los precios de alquiler, los datos demuestran que han seguido subiendo y que las medidas de intervención han generado desconfianza (¿?) entre los propietarios.

En Catalunya, el Govern de la Generalitat ha aprobado castigos severos al incumplimiento del límite de los precios o al uso fraudulento del alquiler de temporada (2). Pero, al parecer, se cumple lo de “hecha la ley, hecha la trampa”, porque se dan casos de propietarios que cobran hasta 1.200 euros por alquilar un sótano o un garaje a estudiantes, pese a que estas estancias ni siquiera tienen ventanas. No es de extrañar, pues, que haya quien haya decidido vivir en una autocaravana en lugar de en un edificio construido sobre unos sólidos cimientos.

Desde el Colegio de Arquitectos de Madrid se ha indicado que es muy complicado que los propietarios puedan convertir de forma legal ciertos habitáculos en dormitorios y estudios (3), y la Ley de Propiedad Horizontal, actualizada en julio de 2025, establece, entre otras muchas normas, que el uso de un trastero como vivienda vulnera la ley por cuanto su finalidad es el almacenamiento y no la ocupación privativa ni el empleo distinto al consensuado (4). Con todo esto, se está dando el caso inaudito de que el precio de alquiler de algunos garajes está subiendo proporcionalmente más que el de la vivienda (5).

Y así existe una multitud de ejemplos que vulneran la legalidad vigente en materia de vivienda. Y no pasa nada. Eso es lo peor.

Ante tal inmoralidad, el gobierno, o las Comunidades Autónomas responsables de la política sobre vivienda, deberían no solo impedir sino penalizar de forma real y efectiva tales prácticas ─no solo con edictos y multas que en la mayoría de las ocasiones no llegan a materializarse─, que contravienen la más elemental de las necesidades del ser humano, después de la alimentación ─otro de los problemas de encarecimiento, seguramente fraudulento─, que es la de tener acceso a una vivienda decente y accesible.

Según el plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Ministerio de Vivienda ya tiene más de 59.979 viviendas para alquiler social en distintas fases de desarrollo, a las que se suman 14.000 viviendas puestas a disposición de los ciudadanos por parte de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Restructuración Bancaria) y 10.411 activadas por el Fondo Social, lo que suma un total de 84.390 viviendas, siendo la meta alcanzar unas 184.000 repartidas por toda la geografía española y cuyas obras deberían estar finalizadas el 3 de junio de 2026. Pero todos sabemos que España es el país de los retrasos, así que dudo mucho que se cumpla este propósito dentro de plazo.

¿Serán suficientes estas nuevas edificaciones para paliar la escasez de viviendas en alquiler social? Lo ignoro, pero me atrevería a decir que nos quedaremos muy cortos y que, mientras tanto, los fondos buitre y los multi propietarios y grandes tenedores seguirán haciendo su agosto a costa de las necesidades de la población y nadie será capaz de pararles los pies.

Espero, no obstante, que esta iniciativa del Ministerio de la Vivienda dé su fruto, y que muchos ciudadanos puedan acabar disfrutando de una vivienda digna a un precio accesible y que puedan decir al llegar del trabajo “hogar, dulce hogar”.

(1)  Observatorio del alquiler, Universidad Rey Juan Carlos, 9 de julio de 2025

(2)  Barcelona Secreta, 29 de enero de 2025

(3)  lasexta.com, 14 de enero de 2025

(4)  Aestimatio Abogados, 17 de septiembre de 2025

(5)  El País, 15 de marzo de 2025

Presuntamente presunto

 

Hemos llegado a un nivel extraordinariamente agresivo ─de momento solo verbalmente─ que las Cortes parecen más bien un cuadrilátero con púgiles que se saltan las normas más básicas de un luchador profesional. Increpaciones, puyas, abucheos, insultos, amenazas veladas, acusaciones sin base alguna, son el pan nuestro de cada día, dando una imagen de algunos políticos más propia de un chulo barriobajero. ¿Dónde ha ido a parar la educación y el buen hacer parlamentario?

Y en contraste con esa degeneración y bajeza moral de algunos parlamentarios, observo, incrédulo, cómo hemos adoptado un puritanismo, o buenismo, que no viene a cuento. Ya no solo han aparecido críticas por el uso de ciertos adjetivos ahora malsonantes, censurando los términos enano, gitano, maricón, por poner unos pocos ejemplos, que ciertamente se han utilizado muchas veces despectivamente, e incluso algunos cuentos infantiles que encierran, sin habernos percatado de ello, conductas machistas, sino que en el ámbito político se está empleando, a mi modo de ver de forma generalizada e innecesaria, el adjetivo “presunto”, supongo que para quedar bien ante el público y no ser tachado de injusto y de obrar de mala fe.

La presunción de inocencia, algo sagrado en nuestro derecho constitucional, se aplica cuando solo existen sospechas y pruebas circunstanciales que hay que esclarecer y mientras no se demuestre fehacientemente la culpabilidad del sospechoso. Pero por qué llamar presunto delincuente o presunto culpable cuando queda perfectamente demostrada la culpabilidad de alguien que ha cometido un delito y que incluso ha acabado confesando. Y no señalo a nadie.

Constantemente oímos que alguien ha cometido “presuntamente” un desfalco, una apropiación indebida de fondos, un abuso de poder, una agresión, incluso un asesinato. ¿Por qué a un maltratador que ha asesinado a su mujer, pareja o ex pareja, se le llama presunto asesino, y al violador confeso presunto violador? ¿Cómo deberíamos llamar al testigo que miente descaradamente en una comparecencia ante un juez, cuando, según la ley, está obligado a decir la verdad? ¿Presunto mentiroso?

Creo que nos hemos pasado dos pueblos, como se dice coloquialmente, en ambas circunstancias, tanto en sede parlamentaria, donde la honestidad brilla por su ausencia, siendo sustituida por la bronca más burda, como en los calificativos a utilizar para definir al delincuente que ha sido pillado con las manos en la masa.

Quien roba es un ladrón y quien viola un violador. Blanco y en botella. Dejémonos de parches. Y es que en esto de los calificativos también existe un partidismo evidente. Solo aquellos a los que les resulta desfavorable que se tache de delincuente a uno de los suyos, defenderá a ultranza la presunción de inocencia, a pesar de las múltiples pruebas en su contra. Y quien está en la oposición, sea del color que sea, no se atreve a ser duro llamándole por su nombre, para no ser acusados de partidistas aprovechados del mal ajeno y porque, supongo, también tienen en sus filas a alguien igual de culpable en algún que otro affaire.

Y, para terminar, declaro ser el presunto autor de esta entrada, presuntamente publicada en mi blog Cuaderno de bitácora, presuntamente de forma voluntaria, no obligada, presuntamente sentado ante mi ordenador, tecleando presuntamente su teclado, creyendo presuntamente en lo que aquí se ha escrito, presuntamente el día 25 de noviembre de 2025. Así pues, me ratifico en que soy presuntamente el culpable de todo ello. A ver quién es el guapo que puede demostrar todo lo contrario.

Me gusta, no me gusta

 

Por una vez, y sin que sirva de precedente, voy a dejar tranquilos a los políticos y dedicaré esta nueva entrada a algo que podría considerarse irrelevante o simplemente anecdótico, pero que a mí me ha llamado siempre la atención. Tampoco voy a señalar a terceros, sino que en esta ocasión me señalaré a mí mismo, pues también suelo ser objeto de mis propias críticas.

Es evidente que la vida está llena de hechos curiosos, o debería decir aquí de comportamientos y reacciones curiosas, siendo una de las que más me intriga la gran diferencia que a veces existe en el gusto de la gente ante algo idéntico.

Una novela, por ejemplo, que han alabado lectores con un gusto literario afín al mío, me ha producido, en cambio, una enorme decepción, hasta el punto de tener que abandonar su lectura al cabo de unos pocos capítulos, a pesar de que soy de los que aguanta una lectura tediosa o insustancial por si el desarrollo de la historia va mejorando. A diferencia de antes, ahora ya no dudo tanto en arrinconar un libro del que no disfruto. ¿Qué sentido tiene seguir por el simple hecho de que a otros les ha entusiasmado? Y a la inversa: que una obra de la que he disfrutado horrores y que, por tal motivo, he releído hasta un par de veces a lo largo del tiempo, le ha resultado aburrida a alguien con quien creía compartir los mismos gustos. Me resulta un tanto incomprensible. ¿Cómo le ha podido aburrir algo tan extraordinariamente interesante? En estos casos me pregunto quién estará en lo cierto, quién tendrá mejor o peor gusto. ¿Seré yo el bicho raro?

Otro hecho curioso es que cuando me gusta, o me ha gustado mucho, una película o serie televisiva, deseo que la persona que está a mi lado viéndola conmigo disfrute igual que yo, y si no es así me siento francamente decepcionado. ¿A qué se debe este sentimiento casi infantil? Podría decir a mi favor que me gusta compartir mis gustos y satisfacciones. ¿Será algo normal?

Hasta aquí son muchas las preguntas que me hago en relación con mis gustos y el de los demás, sin saber la respuesta. Y es que ya lo dice la máxima: «para gustos, los colores». Pero ¿cómo es posible que una diferencia de gusto por algo en concreto pueda llegar a ser tan abismal? ¿A qué obedece? Seguramente un psicólogo podría darme la respuesta que busco, pero no acudiré a la consulta de un terapeuta para esto, digo yo.

No obstante, bien pensado, no sé por qué me extraña tanto estas diferencias de criterio cuando vemos tan a menudo ejemplos mucho más llamativos, como que ante algo que nos parece absolutamente lógico y evidente, unos dicen que es rotundamente cierto y otros totalmente falso. Si algo es blanco níveo, ¿por qué alguien puede afirmar que es negro azabache? ¡Qué le vamos a hacer si somos así de raros! Tendré que hacer caso a Voltaire ─o al refrán popular, pues no estoy seguro de su origen─ sobre que en la variedad está el gusto. Quizá sí que sería muy aburrido si todos pensáramos igual.

Aun así, ¿a vosotros/as os ocurre algo igual o parecido? ¿Os incomoda que alguien tenga una opinión diametralmente opuesta a la vuestra?

 

Mentir es de tontos

 

Los niños tienden a negar lo innegable a ojos de sus padres, tutores y profesores como un arma defensiva para evitar el castigo, ya sea físico (como los de antaño) o de otro tipo. Son pillados infraganti y aun así niegan lo que se supone que estaban haciendo y ─esto ya es más elaborado─ culpan a otro, al inocente que solo miraba o poco tenía que ver en el asunto.

Parecería que al crecer y (supuestamente) madurar, esa práctica tendría que desaparecer y el niño, al convertirse en adulto, ya no adoptaría ese comportamiento infantil y ridículo. Pues no, hay quien se lleva a la tumba el vicio de mentir. Incluso los hay que se sirven de la mentira para prosperar, tanto en el ámbito laboral como (sobre todo) el político. ¡Otra vez los políticos!, diréis. Pues sí, qué queréis que os diga si estos son una fuente interminable e inestimable de malas costumbres.

¿Cómo se puede negar algo cuando sabes que la acusación de la que eres objeto es cierta y que con el tiempo acabará todo saliendo a la luz? Solo sirve para ganar tiempo, despistar al personal y perder la poca vergüenza que a uno le queda.

A algunos les resulta imposible decir la verdad, pues siempre han estado montados en la falsedad, su modus vivendi, incluso cuando se revelan claramente las evidencias de su implicación en los hechos denunciados y su culpabilidad es más que notoria. Porque una cosa es la presunción de inocencia, cuando solo hay indicios de un delito, y otra muy distinta cuando se acumulan pruebas y más pruebas irrefutables de su culpabilidad.

¿Son tontos? ¿Se creen más listos que los demás? ¿Adónde creen que van a llegar sus mentiras? ¿Acaso no se dice que la mentira tiene las patas muy cortas y que se atrapa antes a un mentiroso que a un cojo? Deben ser cojos de mollera, blandos de moral o duros de cara. O todo a la vez.

A ver, cuando a uno le pillan en un renuncio, intentar excusarse u ocultar datos comprometedores, es, hasta cierto punto, comprensible. Pero ¿de qué sirve empecinarse en negarlo todo, cuando se sabe que a la larga acabará aclarándose la verdad? ¿Acaso no han aprendido de otros casos como el suyo?

Implicar a terceros, negar las pruebas en su contra, defenderse vehementemente, haciéndose la víctima de un complot de grandes dimensiones, el objeto de una caza injusta e inmoral no es más que lo que en el argot familiar se conoce como marear la perdiz, alargar el proceso inútilmente. Y yo añadiría, hacer el ridículo. Pero, claro, quién es el guapo que confiesa a la primera de cambio. Solo los imbéciles. Y ellos, como son muy astutos, que no inteligentes, sabrán salirse por la tangente. O en eso confían. Ejemplos no faltan.

Siempre me ha llamado la atención que a un condenado se le aplique un atenuante porque “ha colaborado con la justicia”, cuando es lo correcto. En todo caso, no colaborar debería ser objeto de un agravante. Pues igual debería ser con los mentirosos compulsivos sentados en el banquillo de los acusados, que han estado engañando a todo el mundo a sabiendas.

Si en una Empresa privada, sería procedente despedir a un empleado por haber falseado un documento o alterado el resultado de un informe crucial, en política debería penalizarse al embustero que oculta su culpabilidad y miente descaradamente cuando se le atrapa con las manos en la masa.

Supongo que esos individuos actúan de tal forma porque hay precedentes de culpables que se han ido de rositas después de haber enfangado el sistema y a todos los que han estado a su alcance.

No pretendo señalar a nadie en concreto. Que cada uno saque sus conclusiones y piense en quienes podrían estar en estas circunstancias. El caso es que al margen de filias y fobias (que todos tenemos), creo que en política desgraciadamente la mentira está enraizada, en mayor o menor grado, en todo el arco parlamentario, ya sea a título personal o partidista. Mentir debe ser algo innato e imposible de eliminar después de años de práctica. Debe ser algo propio e inseparable de la naturaleza humana.

Como dijo Alexander Pope (1688-1744), poeta inglés: El que dice una mentira (…) estará obligado a inventar veinte más para sostener la certeza de esta primera. Eso explica la obstinación de los mentirosos en mantenerse fieles a su patraña.

Si bien la mentira piadosa es justificable e incluso beneficiosa en algunas circunstancias, la pertinaz, la indiscriminada, la voluntaria, la que daña a terceros, atentando contra la salud moral de la sociedad, es merecedora de un correctivo lo suficientemente ejemplar como para que haga desistir a los embusteros y calumniadores de practicarla en su propio interés.

 

Impuestos, benditos impuestos

 

A todos nos fastidia tener que “aflojar la pasta”, pero a unos más que a otros, según sus circunstancias personales. Pero lo que, en general, más disgusta al ciudadano es pagar impuestos. Hay quien, en un ejercicio de ignorancia, piensa que ello es extremadamente injusto y lo ven como un expolio contra natura. Deben pensar que los gastos generales del Estado ─que en 2024 ascendieron a unos 725.000 millones de euros, y cuyo presupuesto ha quedado congelado por no haber llegado a un consenso político para su renovación anual─ se cubren con el maná caído del cielo. No sé si alguna vez se han preguntado lo que cuesta hacer frente a las muchísimas inversiones que un país como el nuestro necesita.

Otra cosa a tener en cuenta es dónde van a parar nuestros impuestos, si se invierten acertadamente o hay una fuga hacia manos o intereses oscuros. Pero para ello, hay un control presupuestario que, en teoría, fiscaliza al Estado. ¿Algo o alguien se escapa a ese control? Buena pregunta para la que no tengo respuesta. Así que dejémoslo aquí.

Sea como sea, es cierto que no siempre se utiliza nuestro dinero para los fines más imprescindibles, especialmente en algunas CCAA. De lo contrario, no habría problemas de falta de inversión ─o peor aún, de desinversión─ en la sanidad, la educación o la vivienda, entre otras necesidades básicas. Alguien hace mal los deberes o no los hace y se desvían fondos hacia otras partidas menos prioritarias pero políticamente más interesantes para el gobernante de turno.

Cuando trabajaba, de mi salario se me retenía alrededor de un 30% en concepto de IRPF. Y no me molestaba, pues era consciente de lo necesario que era contribuir al gasto público y para conseguir lo que en Suecia se dio en llamar el estado del bienestar. Por aquella época, mis colegas suecos (de la Empresa multinacional en la que trabajaba) me comentaban que, según el nivel salarial, a algunos les correspondía pagar hasta un 50% de sus ingresos brutos, pero que, a cambio, muchos de los servicios públicos eran gratuitos (incluida la enseñanza) y funcionaban perfectamente. Así da gusto pagar impuestos si luego benefician al ciudadano. Lo contrario se asemeja a un fraude o robo a mano armada.

Hay una frase de Karl Marx que siempre he hecho mía y que dice “De cada uno según sus capacidades y a cada uno según sus necesidades”. Esa sí que es una verdadera solidaridad. Quien más tiene, más debe aportar al erario público, y quien menos tiene y más necesita, tiene que recibir la ayuda necesaria para vivir dignamente. Por eso me indigna que las grandes Empresas, que tienen unos beneficios millonarios, paguen una miseria en concepto de impuestos en comparación con un trabajador cualquiera.

Pero para más injusticia y desigualdad, hay impuestos que se aplican en algunas CCAA y en otras no, como el de sucesiones y donaciones. En primer lugar, ¿Por qué tienen que quedarse las autoridades competentes en asuntos económicos con un porcentaje de una herencia o donación, generalmente de padres a hijos? ¿Acaso el dinero y bienes adquiridos por los progenitores no han tributado reglamentariamente mientras vivían? Entre IVA e IRPF, creo que ya cumplimos de sobra con nuestras obligaciones con el fisco. Si hace falta más dinero para financiar una Comunidad Autónoma, no creo que sea imprescindible ahogar al contribuyente en impuestos, sino utilizarlos como es debido, ahorrando en gastos innecesarios.

Más irregularidades que demuestran un desequilibrio entre CCAA: ¿por qué en unas se subvenciona lo que en otras no por falta de dinero? Y resulta que ─no mencionaré cuáles, pero es fácil de descubrir─ entre las que precisamente bajan impuestos y dan servicios gratuitos a su población están las más deficitarias, mientras que otras más ricas no se lo pueden permitir. No es ni más ni menos que un agravio comparativo. Y ¡ay de quién proteste!, porque se le tacha de insolidario.

Y por último, una irregularidad elemental que parece ser que nadie tiene en cuenta o bien lo tiene pero como algo anecdótico: no siendo el IPC igual en todas las Comunidades, quien tiene la suerte de vivir en una con un IPC más bajo, pero su salario es exactamente igual que el de otro trabajador que vive en otra con un IPC superior (trabajadores de una misma Empresa con sucursales por todo el territorio nacional), vivirá más desahogadamente. De ahí que algunos jubilados que han vivido y trabajado en ciudades caras, vuelvan a su terruño, donde pueden vivir más holgadamente.

España no solo es un país plurinacional (mal que les pese a algunos) sino también pluri económico, con diferencias, a veces abismales y, por lo tanto, injustas. ¿Y qué hacen los impuestos autonómicos? Pues agravar estas diferencias y crear lo que yo llamaría una distopía social y/o económica.

Y duele saber que mientras muchos pagamos religiosamente lo que nos corresponde, otros ─curiosamente políticos, que deberían dar ejemplo─ se dedican a desviar fondos de la Comunidad hacia otros derroteros, llenarse los bolsillos y, para colmo, tienen la prebenda de poder disfrutar de una jubilación de lujo. Por no hablar de la famosa amnistía fiscal que tuvo a bien aplicar al gobierno de Mariano Rajoy y dirigida por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que benefició a empresarios y grandes fortunas, a contribuyentes con activos no declarados en el extranjero ─muy patriotas ellos─. políticos y personalidades públicas, miembros de la nobleza, etc. Sin palabras. Al parecer, lo de que “Hacienda somos todos” lo interpretaron a su manera.

Pero como no tengo ninguna potestad para solventar ni minimizar estas anomalías, pues me tengo que aguantar y desahogarme por aquí.

Jueces para la democracia

 

Juezas y jueces para la democracia (JJdP) es una asociación judicial fundada en 1984 que nació a partir de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que agrupa a juezas y jueces comprometidos con los valores constitucionales, la defensa de los derechos fundamentales y la consolidación de un Estado social y democrático de derecho, según la definición que consta en su página web.

En este sentido, ¿no resulta, como mínimo curioso, o paradójico, que deba existir un grupo de magistrados que se signifiquen públicamente a favor de algo que debería ser lo normal en un país democrático como el nuestro? ¿Acaso ello significa que hay jueces en España que no están por la labor de proteger los derechos constitucionales a ultranza, que no son demócratas?

Pues a pesar de lo que digan algunos, no todos los jueces actúan en beneficio de la verdad y la justicia. Existe un temor reverencial o hipocresía institucionalizada en la mayoría de ciudadanos, e incluso en algunos partidos políticos, a declarar abiertamente que no existe en nuestro país una clara separación de poderes, el político y el judicial. Les guste o no a algunos ultraconservadores, hay jueces que hacen política y políticos que se erigen en jueces. Es lo que se conoce como politización de la justicia y judicialización de la política, respectivamente. Es algo que se conoce, pero no se admite públicamente, a menos que se quiera ser tachado de izquierdista consumado y recalcitrante al que hay que combatir. Seamos realistas: no todos somos iguales ante la ley, pues dependemos del juez que instruya el asunto a enjuiciar. Es triste y peligroso que un dictamen, favorable o desfavorable, dependa de qué juez lleve el caso.

Yo me pregunto si se puede separar la ideología política (o religiosa) de un juez de la forma en que aplica la ley en base al concepto de justicia y democracia.

Al igual que se ha propuesto confeccionar una lista de médicos antiabortistas, para saber en todo momento, por exclusión, la disponibilidad de un médico que sí pueda practicar un aborto en un centro sanitario público, debería existir otra para los jueces en función de su ideología. Y del mismo modo que, según tengo entendido, a un aspirante a policía se le somete a un test psicológico para evitar a un psicópata o extremadamente violento entre sus filas (aunque me temo que, de existir este filtro, no siempre funciona), deberían clasificarse a los jueces según su tendencia sexual y política, no vaya a ser que a un juez homófobo, xenófobo o ultraderechista le toque enjuiciar a una mujer presuntamente violada, maltratada, a un transexual, a un migrante que supuestamente ha cometido un delito contra la propiedad o a un presunto “delincuente” antifascista que ha participado en una pelea contra neonazis.

Como no veo que ello sea factible (seguramente sería tachado de ilegal y para algunos incluso anticonstitucional), ni práctico, quizá si que durante las oposiciones a la judicatura debería implantarse una evaluación previa a la adjudicación del cargo, que revelara esos supuestos prejuicios que impedirán posteriormente aplicar una justicia justa y para todos igual.

Sé que estoy soñando despierto, pero mientras pienso en estas posibilidades, a medio y largo plazo, me imagino un mundo mejor y más justo. Pero si eso acaba ocurriendo, seguro que va para muy largo. Y ya lo dice el refrán: dentro de cien años, todos calvos.

 

Reivindicaciones perturbadoras

 

Esta entrada puede resultar controvertida y hacer que los lectores me califiquen de reaccionario. Nada más lejos de la verdad. En todo caso, seré quisquilloso, impaciente y poco empático cuando un evento del tipo que sea perturba o limita mi libertad.

Me considero progresista y reivindico a ultranza el derecho a la libertad de expresión y de manifestación, siempre y cuando no se cruce una línea roja; en el primer caso, la mentira, la calumnia y el insulto; y en el segundo, la extrema violencia y el vandalismo. También defiendo los derechos de la clase trabajadora y su lucha por unos derechos amparados por el estatuto de los trabajadores.

Tanto el derecho a manifestarse como el de hacer huelga están protegidos por ley, como no podía ser de otro modo en una sociedad democrática.

Pero ¿qué pretende un huelguista? Pues reivindicar mejoras en su puesto de trabajo (ya sean salariales, de horario o condiciones laborales diversas, entre otros derechos). ¿Y a quién va dirigida esta protesta? Pues al empresario o Empresa para la que trabajan.

¿Y qué se pretende con una manifestación? Pues expresar públicamente el descontento por cualquier tipo de injusticia social y reivindicar que lo que se exige sea tenido en cuenta. Así pues, son las autoridades, ya sean locales, autonómicas o centrales, las que tienen la potestad de tomar partido y actuar directamente o intermediar en beneficio de los manifestantes ante quienes va dirigida esta protesta.

Pero la realidad suele ser distinta y los perjudicados de ambas acciones, perfectamente legítimas (la huelga y la manifestación, que generalmente suelen ir de la mano), no son, en primera instancia, los empresarios ni las autoridades, sino los ciudadanos de a pie que no participan en esos actos por las causas que sean, a pesar de dar soporte a esas quejas.

Cortes en la circulación y en la movilidad general: cortes de carreteras y de las principales vías de acceso y de circulación en la ciudad, líneas de tren cortadas, carreteras y autopistas cortadas por agricultores o ganaderos en protesta por sus condiciones laborales u otras afectaciones económicas, vuelos anulados, aeropuertos tomados por una multitud de manifestantes o bloqueados por taxistas en huelga, autobuses y metros fuera de servicio (salvo durante los obligados servicios mínimos), y servicios públicos suspendidos temporalmente, etc..

En tales casos, ¿qué puede hacer el ciudadano que tiene que ir a trabajar, tomar un avión, asistir a un examen o a una visita médica, por no hablar de una intervención quirúrgica u otras actividades ineludibles? ¿No resulta injusto perjudicar a inocentes que, como he dicho, muy probablemente empatizan con los manifestantes? ¿No sería más justo que las manifestaciones, tanto por motivos laborales, sociales o políticos, se hicieran ante la empresa u organismo responsable? A una Empresa se la perjudica haciendo huelga de brazos caídos, pues ello afectará la productividad y supondrá una pérdida económica que puede ser millonaria. Pero ¿qué culpa tiene el resto de la población porque dicha Empresa, ya sea pública o privada, no acceda a las peticiones de los manifestantes? 

Un caso aparte y reciente es el execrable genocidio que ha sufrido el pueblo palestino en Gaza, un hecho tan inmoral que ha merecido ser objeto de multitudinarias manifestaciones, tanto a nivel nacional como internacional, protestas para alzar la voz ante tal barbarie. Pero aun así, ¿qué culpa tenemos de sufrir colapsos de movilidad durante horas y días, si todos estamos en contra de esa masacre vergonzante y apoyamos la causa palestina? En este último caso, un caso ciertamente extremo, es imperioso presionar a las autoridades nacionales de cada país para que, a su vez, presionen a quienes tienen el deber de detener o hacer detener el genocidio, pero con manifestaciones pacíficas que eviten el tumulto y el caos y ofrezcan alternativas de movilidad a los ciudadanos afectados. 

Lo antedicho, puede parecer egoísta, pero creo que es perfectamente compatible una protesta multitudinaria con el bienestar de quienes no participan físicamente en ella.

Supongo que no es fácil ejercer una presión viable y eficaz ante cualquier entidad nacional o supranacional sin perjudicar mínimamente a terceros, así como evitar que una manifestación acabe en una batalla campal por culpa de unos cuantos ultras vándalos. Pero algo habría que hacer, ya que no me parece de recibo tener que resignarnos a sufrir las consecuencias de unos actos que nos pueden afectar grave e irremediablemente, aunque sea de forma temporal, por el hecho de ser justos y necesarios.

No sé si llevo una pizca de razón en todo lo aquí expuesto o es la edad lo que me hace pensar así y me he vuelto un viejo cascarrabias.

El misterio de las tecnologías

 

Solo empezar a escribir esta nueva entrada, me viene a la mente la redacción que nos obligaban a hacer en la escuela tras las vacaciones de verano, al inicio del nuevo curso escolar, contando qué habíamos hecho durante ese período de descanso de dos meses y medio. En mi caso, sin embargo, me limitaré a relatar las incidencias que he tenido que sufrir y que nada tiene que ver con las actividades de ocio y relax.

Siempre he pensado que algo que se ha diseñado para facilitarnos la vida o, por lo menos, ciertas actividades en principio engorrosas, muchas veces nos la complica, por lo menos a quienes ya peinamos canas.

Aunque siendo un septuagenario, creo que me defiendo aceptablemente bien en bastantes aplicaciones, prueba de ello es este blog. Uso WhatsApp y email con soltura, al igual que algunas redes sociales, pero, de vez en cuando me exaspero si algo no funciona o deja de funcionar inexplicablemente y no tengo forma de solucionarlo por mis propios medios, debiendo acudir a alguien más versado que yo, incluyendo a algún tutorial que, dicho sea de paso, a veces me confunden aún más o son del todo inútiles porque sus indicacines no siempre se corresponden con mi realidad o porque las aplicaciones o comandos que muestran no existen en mi aparato, ya sea un teléfono móvil, un ordenador o un televisor. Así pues, cosas que parecen muy fáciles de resolver, no lo son tanto.

Y todo esto viene a cuento porque parece que últimamente ha habido una mando negra que se ha propuesto hacerme la vida imposible, coincidiendo con el horrible calor infernal de este verano.

Cuando uno, por ejemplo, cambia de vehículo, lógicamente tendrá que adaptarse a sus nuevas prestaciones, pero al poco tiempo ya lo conducirá sin problemas y las utilizará como si siempre lo hubiera hecho así, salvo si uno es muy torpe, claro. Pero un cambio de soporte técnico, informático u ofimático no debería necesitar indagar e instruirse previamente, leyendo un denso y complejo manual de instrucciones, pues esto va en contra de lo que los anglosajones han dado en llamar user-friendly (fácil de usar, manejar y comprender por un usuario).

En mi caso, que es el objeto principal de esta entrada, me he visto sometido, en cuestión de los últimos tres meses, a complicaciones variopintas, a cual más irritante, que han afectado a la recepción de las plataformas de pago (en un caso por culpa de Netflix y en el otro de Movistar); con problemas con el nuevo teléfono móvil y con el nuevo ordenador, en este último caso especialmente con el paquete de Office que tenía incorporado, en el que te pierdes buscando las aplicaciones o comandos que habías venido utilizando hasta hace poco; con Gmail, que no me reconocía; con varias aplicaciones volcadas desde el ordenador anterior al actual (entre ellas iTunes, dejando vacía mi biblioteca de música); con la peculiar selectividad de la impresora, que no respondía o sólo imprimía algunos de los documentos que el ordenador le enviaba para imprimir; y así una retahíla de anomalías y carencias que, por fortuna, con mucha paciencia (cosa de la que carezco) y con alguna que otra ayuda externa (más o menos certera), logré subsanar, aún necesitando para ello días y hasta semanas. 

Pero la guinda del pastel, que me produjo tanta o más exasperación fue la participación de las empresas que, teóricamente, deberían solucionar los problemas en los que ellas estaban, directa o indirectamente involucradas (léase Netflix, Amazon y Movistar, por poner unos pocos ejemplos). Y es que esta participación es muy difícil de conseguir a la primera, ya sea humana o virtual (si desea esto, marque uno, si desea aquello, marque dos, si desea lo otro, marque el tres, y si no, espere. Y luego: todos nuestros agentes están ocupados. Y musiquilla a la espera, a veces interminable), y cuando por fin logras que te atienda un ser humano, esperar a que te comprenda y solucione el problema. En varios casos tuve que contactar con alguna de las empresas anteriormente mencionadas unas diez o doce veces hasta conseguir ser atendido por un técnico listo y entendido en la materia que sí pudo echarme un cable.

Curiosamente, lo que más me ha ayudado para al menos aclarar los motivos de tales disfunciones ha sido el ChatGPT. Parece una contradicción a lo que he expuesto sobre las nuevas tecnologías, pero aquí podría decir aquello de que no hay mal que por bien no venga.

Pero esta lista de despropósitos sólo es una pequeña muestra de todo lo acaecido este caluroso verano, pues no quiero alargarme y aburriros más con mis cuitas tecnológicas.

De todos los inconvenientes con los que he tenido que apechugar, solo uno no ha podido resolverse: al cambiarme Movistar el router, cambió el wifi, por lo que la aplicación instalada en mí móvil en su día por los instaladores de las placas solares dejó de funcionar y como la empresa instaladora y Movistar no se pusieron de acuerdo con la forma de solventarlo, pues ya no puedo consultar la energía producida por las placas y el consumo eléctrico doméstico. Aunque me han dicho que esté tranquilo, que las placas seguirán funcionando correctamente, me da coraje no poder consultar esa información, cuando tenía acceso a ella. Es como si me hubieran instalado en el coche un accesorio muy interesante y útil y dejara de actuar, a pesar de que el vehículo seguirá funcionando perfectamente.

Seguro que tengo muchos defectos, pero de todos ellos, los dos peores son la impaciencia y el perfeccionismo. Porque ¡ojo!, ser perfeccionista no es nada bueno, no significa ser perfecto. Es una lacra para quien la sufre. Todo tiene que funcionar a la perfección, de modo que, de lo contrario, el perfeccionista entra en una fase de exasperación y de un tremendo enojo. Y cuando, por fin, todo vuelve a funcionar como es debido, siente un gran alivio. Pero nadie le quita lo bailao. Y a esperar a la próxima contrariedad.

Con estos ejemplos pretendo ilustrar que teóricos avances tecnológicos que pretenden ayudar al usuario, le pueden, en la práctica, perturbar. Un ejemplo muy reciente y que tendrá lugar el próximo mes de enero es la implantación de un nuevo sistema de facturación informática con facturas electrónicas y recibos en papel (incluidos los de los bares y supermercados) que incluirán un código QR que todas las empresas, grandes y pequeñas, y los autónomos estarán obligados a implementar. En esencia, lo que se pretende es fiscalizar mucho más y mejor las actividades económicas, enviando la información directamente a Hacienda. Cierto es que, en caso de dificultades prácticas, entre ellas la de necesitar un tiempo para la adaptación, se facilitará alguna alternativa, pero de dificultad parecida o peor.

Los comerciantes (sobre todo los pequeños) y los autónomos ya han expresado su malestar por las dificultades prácticas que ello entrañará en cuanto al coste que representará la adquisición de un nuevo sistema informático y el aprendizaje que ello representará que, en muchos casos afectará especialmente a los pequeños comercios regentados por personas mayores que no están familiarizadas con estos procedimientos.

En resumen, todo esto significa que lo que se simplifica y mejora por un lado (para Hacienda), se complica por otro (al pequeño comercio) y con esto vuelvo al inicio de esta publicación.

 

I'm woke

 

 

Usamos tantos anglicismos que no he podido sustraerme a la tentación de encabezar esta entrada con uno que se ha puesto de moda.

El término “woke” proviene, efectivamente, del inglés y significa literalmente “despierto”. Originalmente se utilizaba en contextos afroamericanos para referirse a estar atento ante las injusticias sociales y raciales, es decir, ser consciente de los problemas como el racismo, la discriminación, la desigualdad de género, la homofobia, la xenofobia, entre otros. Ser “woke”, por lo tanto, implicaba estar alerta y actuar frente a estas injusticias. Con el movimiento Black Lives Matter, este término se popularizó para describir a quienes luchaban contra las injusticias sociales, ampliándose posteriormente al feminismo, a los derechos LGBTQ+, al cambio climático y a la desigualdad en general.

Con el tiempo, este término se ha empleado en debates políticos, sociales y culturales para referirse a personas que apoyan los cambios relacionados con la justicia social y los derechos humanos. Incluso en el mundo de la música ha pasado a ser un sello de identidad progresista.

Más recientemente, sin embargo, se ha acuñado con una connotación negativa, dependiendo del contexto. De este modo, hay quien se refiere con este término a los que consideran que exageran su conciencia social o que aplican estas ideas de manera dogmática o extremista.

Así pues, en los años 2010-2020, los sectores conservadores empezaron a usar “woke” como término despectivo para señalar un progresismo considerado excesivo, dogmático o “de moda”, apareciendo expresiones del tipo “woke culture” o “wokeism”.

En definitiva, “woke” es un término con doble significado:

-Positivo: estar alerta frente a las injusticias, tener conciencia social.

-Negativo (para sus críticos): exceso de corrección política, activismo superficial o moralista.

 

Hasta aquí, la definición y características de un término utilizado cada vez con más frecuencia, sobre todo en el ámbito político. De existir alguna incorrección en esta información preliminar, ya sea por error u omisión, la culpa es de la IA, más concretamente del ChatGPT, de donde la he obtenido.

Sea como sea, todos hemos podido observar que es un calificativo muy empleado por el conservadurismo más recalcitrante —lo que popularmente se conoce como “fachosfera”—, tanto en Europa como en los EEUU (Trump adora este término, que no duda en lanzar contra sus oponentes).

Dada la historia y orígenes de este término, me inclino sin duda alguna por su concepto progresista y democrático, que incluye la defensa de los derechos humanos y la oposición sin reservas a las desigualdades sociales que tanto abundan en nuestra sociedad. Si defender el derecho a una vivienda, a un trabajo y un salario digno, a la defensa de los derechos de los trabajadores, a la no discriminación por razones culturales, raciales, sexuales, etc., a la defensa de la naturaleza y el apoyo incondicional a la lucha contra la crisis climática, y estar en contra de las guerras promovidas por dictadores, si todo esto es ser “woke”, I’m woke (yo soy “woke”), y a mucha honra.

Maldito paro

 

Según el CIS, el paro ha estado, desde la década de los ochenta, a la cabeza de los problemas más importantes de los españoles. Concretamente, en 2023 era una de las tres primeras preocupaciones de los ciudadanos. El año pasado, la tasa de desempleo en España era del 10,8%, un punto menos que en 2023, pero, aun así, el más alto de la eurozona.

Por sexo, las mujeres en paro superaban a los hombres: 12,1% frente a 9,6%. Por edades, se llevan la palma los mayores de 50 años, con un nada despreciable 30,82%, con un total al término de 2024, de 800.000 personas, es decir, más de 3 parados de cada 10. Entre los más jóvenes de 25 años, la tasa de paro también es muy elevada: un 25,6% en los hombres y un 28,7% en las mujeres.

Si 800.000 personas paradas mayores de 50 años ya es una cifra a tener muy en cuenta, todavía es más grave el hecho de que 443.900 (el 55,5%) lo son de larga duración.

Estos últimos datos proceden de un estudio realizado por “Generación Savia”, un proyecto de “Fundación Endesa” en colaboración con “Fundación máshumano”.

Por otra parte, en 2025, la edad de jubilación ordinaria se sitúa entre los 65 y 66 años y 8 meses, según el periodo cotizado, edad que pasará a estar entre los 65 y 66 años y 10 meses en 2026, y entre los 65 y 67 años en 2027.

No sé si soy un simplista o un ignorante, pero cuando oigo o leo los datos sobre el paro en nuestro país, siempre me pregunto lo mismo: Si no se contrata, por culpa de la edad (una manifestación más de edadismo) a los mayores de 50 años, ¿por qué no se permite la jubilación a una edad algo más temprana (hay países de la UE cuya jubilación es a los 64 años) en lugar de querer prolongarla?

Si los trabajadores se jubilaran antes, dejarían espacio para contratar a los mayores de 50 y a los menores de 25 que están en el paro. ¿Dónde está el quid de la cuestión? Seguro que debe de haber algún motivo económico. Ahorrar en el pago a pensionistas por un lado y pagar subsidio de desempleo al mismo tiempo por otro. Seguro que la balanza se decanta a favor de lo primero, pues, la manutención de los pensionistas es mucho más costosa que la de los parados. Solo hay que comparar 10,32 millones de pensionistas frente a los 2,78 millones de parados.

Probablemente no haya tantos puestos de trabajo como trabajadores potenciales, por lo menos oficialmente, pues la economía sumergida es muy lucrativa para muchos patronos, esos que tienen trabajadores en situación ilegal y les pagan una miseria. Pero esta es otra historia.

Encuentro francamente injusto que la estabilidad económica y el bienestar de los jubilados y la de los parados se contemple en térmicos económicos y no sociales.

Adoctrinamiento o librepensamiento

 

Un artista ¿nace o se hace? Y la misma pregunta nos la podemos hacer en otros muchos ámbitos, no solo el artístico. La opinión generalizada es que existe una comunión entre ambas cosas. Una persona puede tener, desde pequeña, una gran afición por una determinada materia y muchas cualidades para ser un gran profesional en ella, pero sin una formación académica, técnica o del tipo que sea, no acabará desarrollando todo su potencial. Hay, por supuesto, excepciones a esta regla, como la de ser un genio —algo bastante infrecuente—, pero yo diría que en general hay una mezcla de vocación y de esfuerzo personal en forma de estudio y de preparación intensa. Es como la suerte, que nunca viene sola, todo lo que nos acontece es el resultado de una mezcla de azar y de mérito, en mayor o menor proporción.

Pues bien, este concepto de vocación o impulso natural por un lado, y de influencia externa por otro —ya sea esta en forma de formación, presión familiar o del entorno—, me ha llevado a pensar en algo bastante obvio: nuestra ideología, ya sea religiosa, política o moral, también está sujeta a influencias externas.

Un niño que recibe, desde muy pequeño, una formación religiosa, no es libre de elegir entre distintos credos. Simplemente sigue lo indicado por sus formadores, ya sean maestros o padres y familiares.

De joven, muchas veces oí a padres no creyentes ni practicantes, afirmar que no querían instruir a sus hijos en una creencia en particular para no imponerles una ideología religiosa, que ya decidirían ellos cuando fueran mayores. Y yo siempre me decía que ¿cómo van a abrazar en el futuro una creencia de la que no han recibido instrucción alguna? Lo lógico es que sigan el patrón o modelo familiar. Si los padres son ateos, los hijos también lo serán, a menos que se produzca un cambio repentino en sus vidas y abracen repentinamente una fe. Y, aun así, no será fruto de un “milagro” sino de una influencia exterior. En el caso opuesto, los hijos de unos padres muy religiosos no siempre siguen sus creencias y seguramente también sea debido a algún factor externo. Yo mismo soy un ejemplo: de niño era un ferviente practicante de la religión católica, porque así fui educado e inculcado, tanto en casa como en el colegio, y de mayor, superada la adolescencia, me fui alejando paulatinamente de la formación religiosa que había recibido, hasta llegar a la categoría de agnóstico. En política también sucede algo parecido, pues hay casos que de padres de derechas han salido hijos de izquierdas, y al revés, por mucho que parezca extraño.

¿Qué hace que un joven educado en un ambiente progresista y tolerante acabe siendo un extremista de derechas? Seguro que no es fruto de la reflexión y de la libertad de pensamiento. Algo, o alguien, le ha adoctrinado, haciéndole cambiar de parecer.

Todos hemos visto imágenes de niños en escuelas islámicas o judaicas, inmersos en la lectura del Corán o de la Torá, en una actitud servil y mecánica, recitando sin descanso los interminables salmos. A mí, en cambio, no me obligaron a aprenderme de memoria la Biblia y los evangelios. Y la asignatura de Historia Sagrada únicamente me valió para ser conocedor de hechos del antiguo y nuevo testamento, sin convertirme en un fanático. ¿Por qué? Pues porque tuve la suerte de que mis educadores no eran unos fanáticos religiosos, a diferencia de lo que suele ocurrir en otros países.

Así, pues, me da la impresión de que las enseñanzas que reciben los jóvenes judíos y musulmanes —por poner dos ejemplos conocidos— tienen un componente muchísimo más coercitivo que el resto de religiones monoteístas. La letra, con la sangre entra.

Evidentemente, no todos los judíos ni todos los musulmanes son extremistas ultraortodoxos o fundamentalistas islámicos, pero sí existe una facción preponderante que tiene por objeto adoctrinar a los niños y jóvenes de modo que no cuestionen las ideas impuestas por sus maestros.

¿Somos, pues, libres para elegir nuestras creencias? Los grupos neonazis que están reapareciendo por toda Europa, ¿son fruto de un adoctrinamiento o de una profunda reflexión sobre lo que consideran justo y deseable? Para mí, el hecho de observar que todos, o casi todos, los pertenecientes a un partido político conservador y ultraconservador opinen igual, sin discrepancias, en todos y cada uno de los puntos que más preocupan a la sociedad (educación, sanidad, empleo, impuestos, inmigración, etc.) me hace sospechar que no practican la libertad de pensamiento, sino que obedecen a unas directrices y doctrina de obligado cumplimiento. No actúan por consenso sino por sumisión y lealtad a su partido, indistintamente de lo que cada uno de sus miembros piense en realidad. No puede haber discrepancias, todos a una como Fuenteovejuna. Pero esta actitud no es exclusiva de las derechas, por supuesto, sino de cualquier país totalitario.

Siendo así, qué ocurre con los ciudadanos de a pie: ¿somos el resultado de un adoctrinamiento, claro o subliminal, del color que sea, o bien somos totalmente libres para decidir lo que queremos hacer y pensar en base a la lógica y la razón?

 

La paguita

 

La semana pasada le tocó el turno a la mentira y esta a la paguita, todo ello relacionado con el mundo de la política, un hervidero de despropósitos.

Se ha hablado mucho de lo que cobran algunos políticos cuando abandonan su cargo para dedicarse a otros quehaceres. Nunca me ha parecido bien que, por el simple hecho de haber ostentado un cargo de responsabilidad en la política española, tengan derecho a una paga. Aunque hayan prestado un gran servicio al país, un político es un ciudadano normal y corriente, debiéndosele aplicar el mismo trato que a un trabajador por cuenta ajena.

Entiendo, sin embargo, que si para dedicarse a la política, una persona ha debido abandonar su profesión (ya sea médico, abogado, economista, o fontanero), merece una compensación económica cuando, tras varios años de haberse ausentado de su antiguo puesto de trabajo, reciba lo que podríamos considerar una compensación económica —como si se tratara de una indemnización— que le permita subsistir hasta que vuelva a la vida laboral “civil”. Una excepción sería en el caso de que el político gozara de una excedencia por ser funcionario público, pues tiene asegurada una plaza de propiedad en la administración o en cualquier otra institución pública (Hacienda, Hospital público, Judicatura, etc.) en la que trabajaba. También, según qué profesión ostente, esa indemnización no sería imprescindible, pues un abogado, por ejemplo, podrá reincorporarse al bufete que abandonó sin ningún problema e incluso abrir su propio bufete, gracias a que, tras haber pasado por la política, gozará de una imagen profesional indiscutible (ver el caso de Miquel Roca Junyent, uno de los padres de la Constitución Española y del Estatut de Catalunya, y ex portavoz de CiU, creador de uno de los principales bufetes de Barcelona y del Estado Español). También es bien sabido que un político que ha jugado un papel importante en el Parlamento o en el Senado, tiene las puertas abiertas en multitud de Empresas, tanto nacionales como internacionales, lo que se conoce como las puertas giratorias o enchufismo. El caso más reciente es el de Salomé Pradas, exconsellera de la Comunidad Valenciana y principal imputada en la causa de la DANA, destituida por Mazón, que acaba de ser fichada por la Universidad Internacional de Valencia (VIU), privatizada por el PP, como colaboradora en el área de Derecho, volviendo, según sus palabras, a ejercer la abogacía y la docencia.

Antes de proceder a una indemnización por el tiempo dedicado a la política en exclusividad, también se debería tener en cuenta el patrimonio acumulado durante su labor política, añadido al que ya tenía con anterioridad, es decir de qué recursos económicos dispone quien ha dejado vacante su plaza. No creo que muchos políticos necesiten una paga para subsistir durante el tiempo necesario hasta encontrar otro trabajo remunerado. Pero, claro está, cada caso es distinto a otro y no se puede establecer un tratamiento igualitario, pero sí justo.

Por todo ello, he querido saber quién tiene derecho a esa paga a cuenta de los Presupuestos Generales del Estado o de la Comunidad Autónoma a la que pertenezca el afortunado.

Como ocurre en tantos otros casos, existe una gran diversidad de normas según la Comunidad Autónoma a la que nos refiramos, de modo que no se puede generalizar. Aun así, hay que distinguir entre diputados (incluyendo a ministros) y expresidentes. Los primeros tienen derecho a una “indemnización de transición” cuando dejan su cargo, pero no a una pensión vitalicia. Dicha indemnización cubre la carencia de cobertura por desempleo y se suele calcular en 52 días de la asignación que estaban percibiendo y que cobran en un solo pago.

Si nos referimos a los expresidentes de las CCAA, la cosa cambia, aunque también hay muchas diferencias entre Comunidades, diferencias que sería muy prolijo describir aquí.

Hay autonomías que pagan sueldos a sus expresidentes, directa o indirectamente, mediante su inclusión en un consejo consultivo y con derecho a disponer de una oficina, chófer y un servicio de seguridad.

Las hay que no ofrecen un sueldo a sus expresidentes, entre las que se encuentra la Comunidad de Madrid, aunque, a propuesta de su presidenta actual, está preparando un “Estatuto de expresidentes” según el cual, un expresidente de esa Comunidad sí recibiría una paga, con chófer y despacho por un máximo de cuatro años.

En algunas CCAA, el periodo durante el cual se tiene derecho a cobrar un sueldo es variable, dependiendo del tiempo durante el cual hayan ocupado su cargo y también de la edad, pudiendo cobrar, al cumplir los 65 años, una pensión vitalicia equivalente a un mínimo del 60% y un máximo del 80% de lo que percibían en el cargo. Este sería el caso de la Generalitat de Catalunya, de modo que el expresidente Pere Aragonés cobrará unos 109.000 euros anuales durante cuatro años, teniendo también derecho a percibir una pensión vitalicia del 60% del salario al cumplir los 65 años y que será de 81.700 euros al año.

Entre tantas discrepancias y particularidades, sobresale el caso, de máxima actualidad, que concierne a Mazón, el actual presidente de la Comunidad Valenciana pues, de no prosperar la reforma presentada por el grupo parlamentario Compromís, los presidentes de esa Comunidad seguirían cobrando 75.000 euros anuales durante 15 años, una vez concluido su mandato. Así pues, si Mazón resiste en su puesto hasta julio, tal como se insinúa, cobraría esa cantidad durante los próximos dos años, que es el tiempo que habría estado en el cargo actual, requisito indispensable para poderse acoger a ese subsidio.

Si nos referimos ahora a los presidentes del Gobierno, estos son los únicos que tienen derecho, sin excepción, a una paga vitalicia, medida esta que creó Felipe González en 1992 y de la que disfrutan todavía Mariano Rajoy, José Luis Rodríguez Zapatero y José María Aznar, cifra que ascendía en 2022 a unos 75.000 euros anuales. El actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cobraría unos 61.000 euros al año si dejase de ostentar el cargo.

Felipe González sería el expresidente que más ha ingresado hasta el momento, ya que es el más longevo (perdió las elecciones en 1996). En total, habría cobrado más de 1,8 millones de euros, José María Aznar 1,5 millones y Rajoy 341,618 euros. Y a ello hay que añadir otros beneficios, como el de contar con un automóvil con chófer, escolta y seguridad, y disfrutar de libre pase en las compañías de transportes terrestres, marítimas y aéreas del Estado.

¿Merecen estas personas tales beneficios? Y no me refiero a un merecimiento moral por lo que han hecho por el país (si es que han hecho algo), sino simplemente a una necesidad económica de tales dimensiones pues, todos ellos tienen unos ingresos más que suculentos procedentes de sus actividades extrapolíticas, empresariales y de todo tipo. ¿Acaso no se dedican, o se han dedicado, a la política por vocación? ¿Por qué, pues, debemos pagarles un sueldo una vez han dejado su cargo? Ni siquiera una indemnización. Este subsidio solo se lo merece quien ha trabajado en una empresa durante años y se queda en el paro por motivos ajenos a su voluntad, que tiene una familia a la que sostener, unos hijos a los que educar y una vivienda que pagar.

Deberían tomar ejemplo de Julio Anguita, quien después de más de ocho años como parlamentario, renunció a la pensión de jubilación como exdiputado, pasando a cobrar solamente la de profesor de escuela. Y ya no hablemos del recientemente fallecido Pepe Múgica, expresidente de Uruguay, un referente mundial en cuanto a humildad y renuncia a cualquier tipo de ingresos extraordinarios y que donó alrededor del 90% de su salario mensual de 12.000 dólares durante sus cinco años de gobierno a organizaciones benéficas y a pequeños empresarios.

Pero, claro, no vamos a exigir, ni tal solo pedir a un político profesional que se acoja al voto de pobreza, pues si en el ámbito sacerdotal —en el que se exige, además, el de obediencia y castidad, casi nada—, ya hay una escasez de vocaciones, en el político estaríamos a dos velas.

¿Creéis, en definitiva, que mis sugerencias, por extremistas que parezcan, son no solo plausibles sino también correctas, o tal vez me he extralimitado con mi planteamiento “antisistema político” en plan fanático intransigente de izquierdas?