¿El tamaño importa?

 

No penséis mal, que no va de eso que os imagináis, pues esta pregunta vale para casi todo lo que tiene una dimensión. No es lo mismo, por ejemplo, medir 150 cm y pesar 40 Kg que tener una estatura de 220 cm y un peso de 120 Kg. Esos dos extremos tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Así, para un jinete de carreras, el peso y la corpulencia es importante que sea baja, mientras que un jugador de baloncesto o un luchador de lucha libre, cuanto más alto y corpulento sea mucho mejor. Y así encontraríamos más ejemplos en los que el tamaño, ya sea grande o pequeño, es importante.

Pero pasemos al tema que aquí he traído y que todavía no he revelado: el tamaño de un relato, aunque también podríamos hablar del de una novela. Pero como yo me dedico a lo primero, he centrado mi atención en el género de los relatos.

Años ha, en mis inicios como escritor de relatos, cuando mi imaginación fluía sin cesar y los borradores se me acumulaban en mi escritorio, a la espera de ser publicados para dar tiempo a mis lectores a pasar por mi blog y ponerse al día, algunas de las historias que publicaba tenían una longitud muy superior a la habitual, de modo que decidí “trocearlas” en varios capítulos ─en algún caso hasta en cinco─. Observé que ello tenía un inconveniente para algunos lectores y es que estaban obligados a seguir de cerca el progreso de la historia para no perder detalle de la misma, y para evitarlo tenían que buscar el capítulo precedente si es que lo habían pasado por alto o bien lo querían recordar. Algunos de estos lectores me indicaron que preferían leer un relato de una tirada por largo que fuera que verse obligados a leer capítulo a capítulo y no perderse ninguno. A aquellos que me seguían con regularidad esto no les causaba ningún problema, pero los que pasaban por mi blog con menos frecuencia les resultaba más engorroso porque tenían que hacer el esfuerzo de volverse a “enganchar”. A raíz de ello, decidí poner en cada capítulo un enlace que remitía al anterior para facilitarles la tarea. Aun así, pensé que no debía ser una solución cómoda.

Pero, por otra parte, ello tenía la ventaja de dejar al lector con ganas de más, acabando cada capítulo con un cierto suspense, un recurso conocido como clifhanger. Aun así, a partir de entonces intenté publicar mis relatos enteros, sin interrupciones, con muy pocas excepciones a esta regla.

Debo admitir que precisamente yo soy uno de los que le disgusta leer un texto muy largo, a menos que su contenido me resulte llamativo. No lo he cronometrado nunca, pero más de cinco minutos de lectura me cansa. Ante un texto muy largo, me planteo si leerlo o pasar de él, lo cual es una contradicción: escribo largo, pero no me gusta leer textos largos.  No quieras para los demás lo que no quieres para ti, me dije.

Creo que son muchos los lectores que prefieren un relato breve a uno muy largo o dividido en varios episodios. Así que me planteo qué es lo más idóneo. En caso de que un relato, por su complejidad y trama merezca una extensión superior a las dos mil palabras, me surge la duda de si publicarlo entero o, como he dicho al principio, “trocearlo” sin miramientos para que su lectura sea más llevadera, aun exigiéndole al lector que sea perseverante y no se pierda las continuaciones si quiere enterarse de la totalidad de la historia y, sobre todo, de su final.

¿Qué opináis al respecto?

-       ¿Sois partidarios de un relato publicado de un tirón, aun siendo largo?

-       ¿Preferís que un relato largo se divida en varios capítulos? o

-       ¿Solo os gustan los relatos breves?

En definitiva: ¿os importa el tamaño?

Hogar, dulce hogar

 

La vivienda ocupa el primer puesto en la lista de los principales problemas de la sociedad actual en España según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El derecho a una vivienda digna es algo incuestionable, pero que, sin embargo, se ha convertido prácticamente en un deseo inalcanzable para muchos. Los jóvenes, y no tan jóvenes, no pueden permitirse el lujo ─porque ya es un lujo─ de disponer de un piso mínimamente aceptable. Todo por culpa de la insaciable especulación.

Y no solo es el precio prohibitivo de compra de una vivienda el motivo de este problema, sino también el nivel de los alquileres desproporcionadamente elevados en comparación con el nivel de renta de los que buscan un lugar donde vivir. El área donde esto tiene lugar se ha dado en llamar “zona tensionada”. Y al parecer, cada vez hay más zonas tensionadas, que yo las calificaría de inhabitables.

El summum del despropósito de esta situación y de la usura de algunos (muchos, en realidad) propietarios y arrendadores es ver cómo se alquilan minúsculas habitaciones e incluso trasteros, garajes y sótanos a precios indecorosos. ¿Quién es capaz de hacer negocio con las necesidades básicas de la población, tanto si son estudiantes ─que se ven obligados a compartir una de estas viviendas entre varios compañeros─ como una familia trabajadora, ofreciéndoles una vivienda que nadie, en condiciones normales, aceptaría? Y ya no hablemos de las chabolas, que merecería un capítulo aparte.

A pesar de, o paralelamente a, la regulación de los precios de alquiler, estos siguen disparándose. En Barcelona, el precio medio de alquiler es de 1.155 euros y en Madrid de 1.584 euros. En estas dos capitales, se necesitan unos ingresos netos de 2.700 euros mensuales para que pueda vivir aceptablemente una persona soltera (1). Así, lejos de congelar los precios de alquiler, los datos demuestran que han seguido subiendo y que las medidas de intervención han generado desconfianza (¿?) entre los propietarios.

En Catalunya, el Govern de la Generalitat ha aprobado castigos severos al incumplimiento del límite de los precios o al uso fraudulento del alquiler de temporada (2). Pero, al parecer, se cumple lo de “hecha la ley, hecha la trampa”, porque se dan casos de propietarios que cobran hasta 1.200 euros por alquilar un sótano o un garaje a estudiantes, pese a que estas estancias ni siquiera tienen ventanas. No es de extrañar, pues, que haya quien haya decidido vivir en una autocaravana en lugar de en un edificio construido sobre unos sólidos cimientos.

Desde el Colegio de Arquitectos de Madrid se ha indicado que es muy complicado que los propietarios puedan convertir de forma legal ciertos habitáculos en dormitorios y estudios (3), y la Ley de Propiedad Horizontal, actualizada en julio de 2025, establece, entre otras muchas normas, que el uso de un trastero como vivienda vulnera la ley por cuanto su finalidad es el almacenamiento y no la ocupación privativa ni el empleo distinto al consensuado (4). Con todo esto, se está dando el caso inaudito de que el precio de alquiler de algunos garajes está subiendo proporcionalmente más que el de la vivienda (5).

Y así existe una multitud de ejemplos que vulneran la legalidad vigente en materia de vivienda. Y no pasa nada. Eso es lo peor.

Ante tal inmoralidad, el gobierno, o las Comunidades Autónomas responsables de la política sobre vivienda, deberían no solo impedir sino penalizar de forma real y efectiva tales prácticas ─no solo con edictos y multas que en la mayoría de las ocasiones no llegan a materializarse─, que contravienen la más elemental de las necesidades del ser humano, después de la alimentación ─otro de los problemas de encarecimiento, seguramente fraudulento─, que es la de tener acceso a una vivienda decente y accesible.

Según el plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Ministerio de Vivienda ya tiene más de 59.979 viviendas para alquiler social en distintas fases de desarrollo, a las que se suman 14.000 viviendas puestas a disposición de los ciudadanos por parte de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Restructuración Bancaria) y 10.411 activadas por el Fondo Social, lo que suma un total de 84.390 viviendas, siendo la meta alcanzar unas 184.000 repartidas por toda la geografía española y cuyas obras deberían estar finalizadas el 3 de junio de 2026. Pero todos sabemos que España es el país de los retrasos, así que dudo mucho que se cumpla este propósito dentro de plazo.

¿Serán suficientes estas nuevas edificaciones para paliar la escasez de viviendas en alquiler social? Lo ignoro, pero me atrevería a decir que nos quedaremos muy cortos y que, mientras tanto, los fondos buitre y los multi propietarios y grandes tenedores seguirán haciendo su agosto a costa de las necesidades de la población y nadie será capaz de pararles los pies.

Espero, no obstante, que esta iniciativa del Ministerio de la Vivienda dé su fruto, y que muchos ciudadanos puedan acabar disfrutando de una vivienda digna a un precio accesible y que puedan decir al llegar del trabajo “hogar, dulce hogar”.

(1)  Observatorio del alquiler, Universidad Rey Juan Carlos, 9 de julio de 2025

(2)  Barcelona Secreta, 29 de enero de 2025

(3)  lasexta.com, 14 de enero de 2025

(4)  Aestimatio Abogados, 17 de septiembre de 2025

(5)  El País, 15 de marzo de 2025

Presuntamente presunto

 

Hemos llegado a un nivel extraordinariamente agresivo ─de momento solo verbalmente─ que las Cortes parecen más bien un cuadrilátero con púgiles que se saltan las normas más básicas de un luchador profesional. Increpaciones, puyas, abucheos, insultos, amenazas veladas, acusaciones sin base alguna, son el pan nuestro de cada día, dando una imagen de algunos políticos más propia de un chulo barriobajero. ¿Dónde ha ido a parar la educación y el buen hacer parlamentario?

Y en contraste con esa degeneración y bajeza moral de algunos parlamentarios, observo, incrédulo, cómo hemos adoptado un puritanismo, o buenismo, que no viene a cuento. Ya no solo han aparecido críticas por el uso de ciertos adjetivos ahora malsonantes, censurando los términos enano, gitano, maricón, por poner unos pocos ejemplos, que ciertamente se han utilizado muchas veces despectivamente, e incluso algunos cuentos infantiles que encierran, sin habernos percatado de ello, conductas machistas, sino que en el ámbito político se está empleando, a mi modo de ver de forma generalizada e innecesaria, el adjetivo “presunto”, supongo que para quedar bien ante el público y no ser tachado de injusto y de obrar de mala fe.

La presunción de inocencia, algo sagrado en nuestro derecho constitucional, se aplica cuando solo existen sospechas y pruebas circunstanciales que hay que esclarecer y mientras no se demuestre fehacientemente la culpabilidad del sospechoso. Pero por qué llamar presunto delincuente o presunto culpable cuando queda perfectamente demostrada la culpabilidad de alguien que ha cometido un delito y que incluso ha acabado confesando. Y no señalo a nadie.

Constantemente oímos que alguien ha cometido “presuntamente” un desfalco, una apropiación indebida de fondos, un abuso de poder, una agresión, incluso un asesinato. ¿Por qué a un maltratador que ha asesinado a su mujer, pareja o ex pareja, se le llama presunto asesino, y al violador confeso presunto violador? ¿Cómo deberíamos llamar al testigo que miente descaradamente en una comparecencia ante un juez, cuando, según la ley, está obligado a decir la verdad? ¿Presunto mentiroso?

Creo que nos hemos pasado dos pueblos, como se dice coloquialmente, en ambas circunstancias, tanto en sede parlamentaria, donde la honestidad brilla por su ausencia, siendo sustituida por la bronca más burda, como en los calificativos a utilizar para definir al delincuente que ha sido pillado con las manos en la masa.

Quien roba es un ladrón y quien viola un violador. Blanco y en botella. Dejémonos de parches. Y es que en esto de los calificativos también existe un partidismo evidente. Solo aquellos a los que les resulta desfavorable que se tache de delincuente a uno de los suyos, defenderá a ultranza la presunción de inocencia, a pesar de las múltiples pruebas en su contra. Y quien está en la oposición, sea del color que sea, no se atreve a ser duro llamándole por su nombre, para no ser acusados de partidistas aprovechados del mal ajeno y porque, supongo, también tienen en sus filas a alguien igual de culpable en algún que otro affaire.

Y, para terminar, declaro ser el presunto autor de esta entrada, presuntamente publicada en mi blog Cuaderno de bitácora, presuntamente de forma voluntaria, no obligada, presuntamente sentado ante mi ordenador, tecleando presuntamente su teclado, creyendo presuntamente en lo que aquí se ha escrito, presuntamente el día 25 de noviembre de 2025. Así pues, me ratifico en que soy presuntamente el culpable de todo ello. A ver quién es el guapo que puede demostrar todo lo contrario.

Me gusta, no me gusta

 

Por una vez, y sin que sirva de precedente, voy a dejar tranquilos a los políticos y dedicaré esta nueva entrada a algo que podría considerarse irrelevante o simplemente anecdótico, pero que a mí me ha llamado siempre la atención. Tampoco voy a señalar a terceros, sino que en esta ocasión me señalaré a mí mismo, pues también suelo ser objeto de mis propias críticas.

Es evidente que la vida está llena de hechos curiosos, o debería decir aquí de comportamientos y reacciones curiosas, siendo una de las que más me intriga la gran diferencia que a veces existe en el gusto de la gente ante algo idéntico.

Una novela, por ejemplo, que han alabado lectores con un gusto literario afín al mío, me ha producido, en cambio, una enorme decepción, hasta el punto de tener que abandonar su lectura al cabo de unos pocos capítulos, a pesar de que soy de los que aguanta una lectura tediosa o insustancial por si el desarrollo de la historia va mejorando. A diferencia de antes, ahora ya no dudo tanto en arrinconar un libro del que no disfruto. ¿Qué sentido tiene seguir por el simple hecho de que a otros les ha entusiasmado? Y a la inversa: que una obra de la que he disfrutado horrores y que, por tal motivo, he releído hasta un par de veces a lo largo del tiempo, le ha resultado aburrida a alguien con quien creía compartir los mismos gustos. Me resulta un tanto incomprensible. ¿Cómo le ha podido aburrir algo tan extraordinariamente interesante? En estos casos me pregunto quién estará en lo cierto, quién tendrá mejor o peor gusto. ¿Seré yo el bicho raro?

Otro hecho curioso es que cuando me gusta, o me ha gustado mucho, una película o serie televisiva, deseo que la persona que está a mi lado viéndola conmigo disfrute igual que yo, y si no es así me siento francamente decepcionado. ¿A qué se debe este sentimiento casi infantil? Podría decir a mi favor que me gusta compartir mis gustos y satisfacciones. ¿Será algo normal?

Hasta aquí son muchas las preguntas que me hago en relación con mis gustos y el de los demás, sin saber la respuesta. Y es que ya lo dice la máxima: «para gustos, los colores». Pero ¿cómo es posible que una diferencia de gusto por algo en concreto pueda llegar a ser tan abismal? ¿A qué obedece? Seguramente un psicólogo podría darme la respuesta que busco, pero no acudiré a la consulta de un terapeuta para esto, digo yo.

No obstante, bien pensado, no sé por qué me extraña tanto estas diferencias de criterio cuando vemos tan a menudo ejemplos mucho más llamativos, como que ante algo que nos parece absolutamente lógico y evidente, unos dicen que es rotundamente cierto y otros totalmente falso. Si algo es blanco níveo, ¿por qué alguien puede afirmar que es negro azabache? ¡Qué le vamos a hacer si somos así de raros! Tendré que hacer caso a Voltaire ─o al refrán popular, pues no estoy seguro de su origen─ sobre que en la variedad está el gusto. Quizá sí que sería muy aburrido si todos pensáramos igual.

Aun así, ¿a vosotros/as os ocurre algo igual o parecido? ¿Os incomoda que alguien tenga una opinión diametralmente opuesta a la vuestra?

 

Mentir es de tontos

 

Los niños tienden a negar lo innegable a ojos de sus padres, tutores y profesores como un arma defensiva para evitar el castigo, ya sea físico (como los de antaño) o de otro tipo. Son pillados infraganti y aun así niegan lo que se supone que estaban haciendo y ─esto ya es más elaborado─ culpan a otro, al inocente que solo miraba o poco tenía que ver en el asunto.

Parecería que al crecer y (supuestamente) madurar, esa práctica tendría que desaparecer y el niño, al convertirse en adulto, ya no adoptaría ese comportamiento infantil y ridículo. Pues no, hay quien se lleva a la tumba el vicio de mentir. Incluso los hay que se sirven de la mentira para prosperar, tanto en el ámbito laboral como (sobre todo) el político. ¡Otra vez los políticos!, diréis. Pues sí, qué queréis que os diga si estos son una fuente interminable e inestimable de malas costumbres.

¿Cómo se puede negar algo cuando sabes que la acusación de la que eres objeto es cierta y que con el tiempo acabará todo saliendo a la luz? Solo sirve para ganar tiempo, despistar al personal y perder la poca vergüenza que a uno le queda.

A algunos les resulta imposible decir la verdad, pues siempre han estado montados en la falsedad, su modus vivendi, incluso cuando se revelan claramente las evidencias de su implicación en los hechos denunciados y su culpabilidad es más que notoria. Porque una cosa es la presunción de inocencia, cuando solo hay indicios de un delito, y otra muy distinta cuando se acumulan pruebas y más pruebas irrefutables de su culpabilidad.

¿Son tontos? ¿Se creen más listos que los demás? ¿Adónde creen que van a llegar sus mentiras? ¿Acaso no se dice que la mentira tiene las patas muy cortas y que se atrapa antes a un mentiroso que a un cojo? Deben ser cojos de mollera, blandos de moral o duros de cara. O todo a la vez.

A ver, cuando a uno le pillan en un renuncio, intentar excusarse u ocultar datos comprometedores, es, hasta cierto punto, comprensible. Pero ¿de qué sirve empecinarse en negarlo todo, cuando se sabe que a la larga acabará aclarándose la verdad? ¿Acaso no han aprendido de otros casos como el suyo?

Implicar a terceros, negar las pruebas en su contra, defenderse vehementemente, haciéndose la víctima de un complot de grandes dimensiones, el objeto de una caza injusta e inmoral no es más que lo que en el argot familiar se conoce como marear la perdiz, alargar el proceso inútilmente. Y yo añadiría, hacer el ridículo. Pero, claro, quién es el guapo que confiesa a la primera de cambio. Solo los imbéciles. Y ellos, como son muy astutos, que no inteligentes, sabrán salirse por la tangente. O en eso confían. Ejemplos no faltan.

Siempre me ha llamado la atención que a un condenado se le aplique un atenuante porque “ha colaborado con la justicia”, cuando es lo correcto. En todo caso, no colaborar debería ser objeto de un agravante. Pues igual debería ser con los mentirosos compulsivos sentados en el banquillo de los acusados, que han estado engañando a todo el mundo a sabiendas.

Si en una Empresa privada, sería procedente despedir a un empleado por haber falseado un documento o alterado el resultado de un informe crucial, en política debería penalizarse al embustero que oculta su culpabilidad y miente descaradamente cuando se le atrapa con las manos en la masa.

Supongo que esos individuos actúan de tal forma porque hay precedentes de culpables que se han ido de rositas después de haber enfangado el sistema y a todos los que han estado a su alcance.

No pretendo señalar a nadie en concreto. Que cada uno saque sus conclusiones y piense en quienes podrían estar en estas circunstancias. El caso es que al margen de filias y fobias (que todos tenemos), creo que en política desgraciadamente la mentira está enraizada, en mayor o menor grado, en todo el arco parlamentario, ya sea a título personal o partidista. Mentir debe ser algo innato e imposible de eliminar después de años de práctica. Debe ser algo propio e inseparable de la naturaleza humana.

Como dijo Alexander Pope (1688-1744), poeta inglés: El que dice una mentira (…) estará obligado a inventar veinte más para sostener la certeza de esta primera. Eso explica la obstinación de los mentirosos en mantenerse fieles a su patraña.

Si bien la mentira piadosa es justificable e incluso beneficiosa en algunas circunstancias, la pertinaz, la indiscriminada, la voluntaria, la que daña a terceros, atentando contra la salud moral de la sociedad, es merecedora de un correctivo lo suficientemente ejemplar como para que haga desistir a los embusteros y calumniadores de practicarla en su propio interés.

 

Impuestos, benditos impuestos

 

A todos nos fastidia tener que “aflojar la pasta”, pero a unos más que a otros, según sus circunstancias personales. Pero lo que, en general, más disgusta al ciudadano es pagar impuestos. Hay quien, en un ejercicio de ignorancia, piensa que ello es extremadamente injusto y lo ven como un expolio contra natura. Deben pensar que los gastos generales del Estado ─que en 2024 ascendieron a unos 725.000 millones de euros, y cuyo presupuesto ha quedado congelado por no haber llegado a un consenso político para su renovación anual─ se cubren con el maná caído del cielo. No sé si alguna vez se han preguntado lo que cuesta hacer frente a las muchísimas inversiones que un país como el nuestro necesita.

Otra cosa a tener en cuenta es dónde van a parar nuestros impuestos, si se invierten acertadamente o hay una fuga hacia manos o intereses oscuros. Pero para ello, hay un control presupuestario que, en teoría, fiscaliza al Estado. ¿Algo o alguien se escapa a ese control? Buena pregunta para la que no tengo respuesta. Así que dejémoslo aquí.

Sea como sea, es cierto que no siempre se utiliza nuestro dinero para los fines más imprescindibles, especialmente en algunas CCAA. De lo contrario, no habría problemas de falta de inversión ─o peor aún, de desinversión─ en la sanidad, la educación o la vivienda, entre otras necesidades básicas. Alguien hace mal los deberes o no los hace y se desvían fondos hacia otras partidas menos prioritarias pero políticamente más interesantes para el gobernante de turno.

Cuando trabajaba, de mi salario se me retenía alrededor de un 30% en concepto de IRPF. Y no me molestaba, pues era consciente de lo necesario que era contribuir al gasto público y para conseguir lo que en Suecia se dio en llamar el estado del bienestar. Por aquella época, mis colegas suecos (de la Empresa multinacional en la que trabajaba) me comentaban que, según el nivel salarial, a algunos les correspondía pagar hasta un 50% de sus ingresos brutos, pero que, a cambio, muchos de los servicios públicos eran gratuitos (incluida la enseñanza) y funcionaban perfectamente. Así da gusto pagar impuestos si luego benefician al ciudadano. Lo contrario se asemeja a un fraude o robo a mano armada.

Hay una frase de Karl Marx que siempre he hecho mía y que dice “De cada uno según sus capacidades y a cada uno según sus necesidades”. Esa sí que es una verdadera solidaridad. Quien más tiene, más debe aportar al erario público, y quien menos tiene y más necesita, tiene que recibir la ayuda necesaria para vivir dignamente. Por eso me indigna que las grandes Empresas, que tienen unos beneficios millonarios, paguen una miseria en concepto de impuestos en comparación con un trabajador cualquiera.

Pero para más injusticia y desigualdad, hay impuestos que se aplican en algunas CCAA y en otras no, como el de sucesiones y donaciones. En primer lugar, ¿Por qué tienen que quedarse las autoridades competentes en asuntos económicos con un porcentaje de una herencia o donación, generalmente de padres a hijos? ¿Acaso el dinero y bienes adquiridos por los progenitores no han tributado reglamentariamente mientras vivían? Entre IVA e IRPF, creo que ya cumplimos de sobra con nuestras obligaciones con el fisco. Si hace falta más dinero para financiar una Comunidad Autónoma, no creo que sea imprescindible ahogar al contribuyente en impuestos, sino utilizarlos como es debido, ahorrando en gastos innecesarios.

Más irregularidades que demuestran un desequilibrio entre CCAA: ¿por qué en unas se subvenciona lo que en otras no por falta de dinero? Y resulta que ─no mencionaré cuáles, pero es fácil de descubrir─ entre las que precisamente bajan impuestos y dan servicios gratuitos a su población están las más deficitarias, mientras que otras más ricas no se lo pueden permitir. No es ni más ni menos que un agravio comparativo. Y ¡ay de quién proteste!, porque se le tacha de insolidario.

Y por último, una irregularidad elemental que parece ser que nadie tiene en cuenta o bien lo tiene pero como algo anecdótico: no siendo el IPC igual en todas las Comunidades, quien tiene la suerte de vivir en una con un IPC más bajo, pero su salario es exactamente igual que el de otro trabajador que vive en otra con un IPC superior (trabajadores de una misma Empresa con sucursales por todo el territorio nacional), vivirá más desahogadamente. De ahí que algunos jubilados que han vivido y trabajado en ciudades caras, vuelvan a su terruño, donde pueden vivir más holgadamente.

España no solo es un país plurinacional (mal que les pese a algunos) sino también pluri económico, con diferencias, a veces abismales y, por lo tanto, injustas. ¿Y qué hacen los impuestos autonómicos? Pues agravar estas diferencias y crear lo que yo llamaría una distopía social y/o económica.

Y duele saber que mientras muchos pagamos religiosamente lo que nos corresponde, otros ─curiosamente políticos, que deberían dar ejemplo─ se dedican a desviar fondos de la Comunidad hacia otros derroteros, llenarse los bolsillos y, para colmo, tienen la prebenda de poder disfrutar de una jubilación de lujo. Por no hablar de la famosa amnistía fiscal que tuvo a bien aplicar al gobierno de Mariano Rajoy y dirigida por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que benefició a empresarios y grandes fortunas, a contribuyentes con activos no declarados en el extranjero ─muy patriotas ellos─. políticos y personalidades públicas, miembros de la nobleza, etc. Sin palabras. Al parecer, lo de que “Hacienda somos todos” lo interpretaron a su manera.

Pero como no tengo ninguna potestad para solventar ni minimizar estas anomalías, pues me tengo que aguantar y desahogarme por aquí.

Jueces para la democracia

 

Juezas y jueces para la democracia (JJdP) es una asociación judicial fundada en 1984 que nació a partir de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que agrupa a juezas y jueces comprometidos con los valores constitucionales, la defensa de los derechos fundamentales y la consolidación de un Estado social y democrático de derecho, según la definición que consta en su página web.

En este sentido, ¿no resulta, como mínimo curioso, o paradójico, que deba existir un grupo de magistrados que se signifiquen públicamente a favor de algo que debería ser lo normal en un país democrático como el nuestro? ¿Acaso ello significa que hay jueces en España que no están por la labor de proteger los derechos constitucionales a ultranza, que no son demócratas?

Pues a pesar de lo que digan algunos, no todos los jueces actúan en beneficio de la verdad y la justicia. Existe un temor reverencial o hipocresía institucionalizada en la mayoría de ciudadanos, e incluso en algunos partidos políticos, a declarar abiertamente que no existe en nuestro país una clara separación de poderes, el político y el judicial. Les guste o no a algunos ultraconservadores, hay jueces que hacen política y políticos que se erigen en jueces. Es lo que se conoce como politización de la justicia y judicialización de la política, respectivamente. Es algo que se conoce, pero no se admite públicamente, a menos que se quiera ser tachado de izquierdista consumado y recalcitrante al que hay que combatir. Seamos realistas: no todos somos iguales ante la ley, pues dependemos del juez que instruya el asunto a enjuiciar. Es triste y peligroso que un dictamen, favorable o desfavorable, dependa de qué juez lleve el caso.

Yo me pregunto si se puede separar la ideología política (o religiosa) de un juez de la forma en que aplica la ley en base al concepto de justicia y democracia.

Al igual que se ha propuesto confeccionar una lista de médicos antiabortistas, para saber en todo momento, por exclusión, la disponibilidad de un médico que sí pueda practicar un aborto en un centro sanitario público, debería existir otra para los jueces en función de su ideología. Y del mismo modo que, según tengo entendido, a un aspirante a policía se le somete a un test psicológico para evitar a un psicópata o extremadamente violento entre sus filas (aunque me temo que, de existir este filtro, no siempre funciona), deberían clasificarse a los jueces según su tendencia sexual y política, no vaya a ser que a un juez homófobo, xenófobo o ultraderechista le toque enjuiciar a una mujer presuntamente violada, maltratada, a un transexual, a un migrante que supuestamente ha cometido un delito contra la propiedad o a un presunto “delincuente” antifascista que ha participado en una pelea contra neonazis.

Como no veo que ello sea factible (seguramente sería tachado de ilegal y para algunos incluso anticonstitucional), ni práctico, quizá si que durante las oposiciones a la judicatura debería implantarse una evaluación previa a la adjudicación del cargo, que revelara esos supuestos prejuicios que impedirán posteriormente aplicar una justicia justa y para todos igual.

Sé que estoy soñando despierto, pero mientras pienso en estas posibilidades, a medio y largo plazo, me imagino un mundo mejor y más justo. Pero si eso acaba ocurriendo, seguro que va para muy largo. Y ya lo dice el refrán: dentro de cien años, todos calvos.