La
semana pasada le tocó el turno a la mentira y esta a la paguita, todo ello
relacionado con el mundo de la política, un hervidero de despropósitos.
Se
ha hablado mucho de lo que cobran algunos políticos cuando abandonan su cargo
para dedicarse a otros quehaceres. Nunca me ha parecido bien que, por el simple
hecho de haber ostentado un cargo de responsabilidad en la política española,
tengan derecho a una paga. Aunque hayan prestado un gran servicio al país, un
político es un ciudadano normal y corriente, debiéndosele aplicar el mismo
trato que a un trabajador por cuenta ajena.
Entiendo,
sin embargo, que si para dedicarse a la política, una persona ha debido
abandonar su profesión (ya sea médico, abogado, economista, o fontanero),
merece una compensación económica cuando, tras varios años de haberse ausentado
de su antiguo puesto de trabajo, reciba lo que podríamos considerar una
compensación económica —como si se tratara de una indemnización— que le permita
subsistir hasta que vuelva a la vida laboral “civil”. Una excepción sería en el
caso de que el político gozara de una excedencia por ser funcionario público,
pues tiene asegurada una plaza de propiedad en la administración o en cualquier
otra institución pública (Hacienda, Hospital público, Judicatura, etc.) en la
que trabajaba. También, según qué profesión ostente, esa indemnización no sería
imprescindible, pues un abogado, por ejemplo, podrá reincorporarse al bufete que abandonó sin
ningún problema e incluso abrir su propio bufete, gracias a que, tras haber
pasado por la política, gozará de una imagen profesional indiscutible (ver el
caso de Miquel Roca Junyent, uno de los padres de la Constitución Española y
del Estatut de Catalunya, y ex portavoz de CiU, creador de uno de los
principales bufetes de Barcelona y del Estado Español). También es bien sabido
que un político que ha jugado un papel importante en el Parlamento o en el
Senado, tiene las puertas abiertas en multitud de Empresas, tanto nacionales
como internacionales, lo que se conoce como las puertas giratorias o enchufismo.
El caso más reciente es el de Salomé Pradas, exconsellera de la Comunidad
Valenciana y principal imputada en la causa de la DANA, destituida por Mazón,
que acaba de ser fichada por la Universidad Internacional de Valencia (VIU),
privatizada por el PP, como colaboradora en el área de Derecho, volviendo,
según sus palabras, a ejercer la abogacía y la docencia.
Antes
de proceder a una indemnización por el tiempo dedicado a la política en
exclusividad, también se debería tener en cuenta el patrimonio acumulado
durante su labor política, añadido al que ya tenía con anterioridad, es decir
de qué recursos económicos dispone quien ha dejado vacante su plaza. No creo
que muchos políticos necesiten una paga para subsistir durante el tiempo
necesario hasta encontrar otro trabajo remunerado. Pero, claro está, cada caso
es distinto a otro y no se puede establecer un tratamiento igualitario, pero sí justo.
Por
todo ello, he querido saber quién tiene derecho a esa paga a cuenta de los Presupuestos
Generales del Estado o de la Comunidad Autónoma a la que pertenezca el
afortunado.
Como
ocurre en tantos otros casos, existe una gran diversidad de normas según la
Comunidad Autónoma a la que nos refiramos, de modo que no se puede generalizar.
Aun así, hay que distinguir entre diputados (incluyendo a ministros) y
expresidentes. Los primeros tienen derecho a una “indemnización de transición”
cuando dejan su cargo, pero no a una pensión vitalicia. Dicha indemnización
cubre la carencia de cobertura por desempleo y se suele calcular en 52 días de
la asignación que estaban percibiendo y que cobran en un solo pago.
Si
nos referimos a los expresidentes de las CCAA, la cosa cambia, aunque también
hay muchas diferencias entre Comunidades, diferencias que sería muy prolijo
describir aquí.
Hay
autonomías que pagan sueldos a sus expresidentes, directa o indirectamente, mediante
su inclusión en un consejo consultivo y con derecho a disponer de una oficina,
chófer y un servicio de seguridad.
Las
hay que no ofrecen un sueldo a sus expresidentes, entre las que se encuentra la
Comunidad de Madrid, aunque, a propuesta de su presidenta actual, está preparando
un “Estatuto de expresidentes” según el cual, un expresidente de esa Comunidad sí
recibiría una paga, con chófer y despacho por un máximo de cuatro años.
En
algunas CCAA, el periodo durante el cual se tiene derecho a cobrar un sueldo es
variable, dependiendo del tiempo durante el cual hayan ocupado su cargo y
también de la edad, pudiendo cobrar, al cumplir los 65 años, una pensión
vitalicia equivalente a un mínimo del 60% y un máximo del 80% de lo que
percibían en el cargo.
Entre
tantas discrepancias y particularidades, sobresale el caso, de máxima
actualidad, que concierne a Mazón, el actual presidente de la Comunidad
Valenciana pues, de no prosperar la reforma presentada por el grupo
parlamentario Compromís, los presidentes de esa Comunidad seguirían cobrando
75.000 euros anuales durante 15 años, una vez concluido su mandato. Así pues,
si Mazón resiste en su puesto hasta julio, tal como se insinúa, cobraría esa
cantidad durante los próximos dos años, que es el tiempo que habría estado en
el cargo actual, requisito indispensable para poderse acoger a ese subsidio.
Si
nos referimos ahora a los presidentes del Gobierno, estos son los únicos que
tienen derecho, sin excepción, a una paga vitalicia, medida esta que creó
Felipe González en 1992 y de la que disfrutan todavía Mariano Rajoy, José Luis
Rodríguez Zapatero y José María Aznar, cifra que ascendía en 2022 a unos 75.000
euros anuales. El actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cobraría unos
61.000 euros al año si dejase de ostentar el cargo.
Felipe
González sería el expresidente que más ha ingresado hasta el momento, ya que es
el más longevo (perdió las elecciones en 1996). En total, habría cobrado más de
1,8 millones de euros, José María Aznar 1,5 millones y Rajoy 341,618 euros. Y a
ello hay que añadir otros beneficios, como el de contar con un automóvil con
chófer, escolta y seguridad, y disfrutar de libre pase en las compañías de
transportes terrestres, marítimas y aéreas del Estado.
¿Merecen
estas personas tales beneficios? Y no me refiero a un merecimiento moral por lo
que han hecho por el país (si es que han hecho algo), sino simplemente a una
necesidad económica de tales dimensiones pues, todos ellos tienen unos ingresos
más que suculentos procedentes de sus actividades extrapolíticas, empresariales
y de todo tipo. ¿Acaso no se dedican, o se han dedicado, a la política por
vocación? ¿Por qué, pues, debemos pagarles un sueldo una vez han dejado su
cargo? Ni siquiera una indemnización. Este subsidio solo se lo merece quien ha
trabajado en una empresa durante años y se queda en el paro por motivos ajenos
a su voluntad, que tiene una familia a la que sostener, unos hijos a los que
educar y una vivienda que pagar.
Deberían
tomar ejemplo de Julio Anguita, quien después de más de ocho años como
parlamentario, renunció a la pensión de jubilación como exdiputado, pasando a
cobrar solamente la de profesor de escuela. Y ya no hablemos del recientemente
fallecido Pepe Múgica, expresidente de Uruguay, un referente mundial en cuanto
a humildad y renuncia a cualquier tipo de ingresos extraordinarios y que donó
alrededor del 90% de su salario mensual de 12.000 dólares durante sus cinco
años de gobierno a organizaciones benéficas y a pequeños empresarios.
Pero,
claro, no vamos a exigir, ni tal solo pedir a un político profesional que se
acoja al voto de pobreza, pues si en el ámbito sacerdotal —en el que se exige,
además, el de obediencia y castidad, casi nada—, ya hay una escasez de
vocaciones, en el político estaríamos a dos velas.
¿Creéis,
en definitiva, que mis sugerencias, por extremistas que parezcan, son no solo
plausibles sino también correctas, o tal vez me he extralimitado con mi
planteamiento “antisistema político” en plan fanático intransigente de izquierdas?