La paguita

 

La semana pasada le tocó el turno a la mentira y esta a la paguita, todo ello relacionado con el mundo de la política, un hervidero de despropósitos.

Se ha hablado mucho de lo que cobran algunos políticos cuando abandonan su cargo para dedicarse a otros quehaceres. Nunca me ha parecido bien que, por el simple hecho de haber ostentado un cargo de responsabilidad en la política española, tengan derecho a una paga. Aunque hayan prestado un gran servicio al país, un político es un ciudadano normal y corriente, debiéndosele aplicar el mismo trato que a un trabajador por cuenta ajena.

Entiendo, sin embargo, que si para dedicarse a la política, una persona ha debido abandonar su profesión (ya sea médico, abogado, economista, o fontanero), merece una compensación económica cuando, tras varios años de haberse ausentado de su antiguo puesto de trabajo, reciba lo que podríamos considerar una compensación económica —como si se tratara de una indemnización— que le permita subsistir hasta que vuelva a la vida laboral “civil”. Una excepción sería en el caso de que el político gozara de una excedencia por ser funcionario público, pues tiene asegurada una plaza de propiedad en la administración o en cualquier otra institución pública (Hacienda, Hospital público, Judicatura, etc.) en la que trabajaba. También, según qué profesión ostente, esa indemnización no sería imprescindible, pues un abogado, por ejemplo, podrá reincorporarse al bufete que abandonó sin ningún problema e incluso abrir su propio bufete, gracias a que, tras haber pasado por la política, gozará de una imagen profesional indiscutible (ver el caso de Miquel Roca Junyent, uno de los padres de la Constitución Española y del Estatut de Catalunya, y ex portavoz de CiU, creador de uno de los principales bufetes de Barcelona y del Estado Español). También es bien sabido que un político que ha jugado un papel importante en el Parlamento o en el Senado, tiene las puertas abiertas en multitud de Empresas, tanto nacionales como internacionales, lo que se conoce como las puertas giratorias o enchufismo. El caso más reciente es el de Salomé Pradas, exconsellera de la Comunidad Valenciana y principal imputada en la causa de la DANA, destituida por Mazón, que acaba de ser fichada por la Universidad Internacional de Valencia (VIU), privatizada por el PP, como colaboradora en el área de Derecho, volviendo, según sus palabras, a ejercer la abogacía y la docencia.

Antes de proceder a una indemnización por el tiempo dedicado a la política en exclusividad, también se debería tener en cuenta el patrimonio acumulado durante su labor política, añadido al que ya tenía con anterioridad, es decir de qué recursos económicos dispone quien ha dejado vacante su plaza. No creo que muchos políticos necesiten una paga para subsistir durante el tiempo necesario hasta encontrar otro trabajo remunerado. Pero, claro está, cada caso es distinto a otro y no se puede establecer un tratamiento igualitario, pero sí justo.

Por todo ello, he querido saber quién tiene derecho a esa paga a cuenta de los Presupuestos Generales del Estado o de la Comunidad Autónoma a la que pertenezca el afortunado.

Como ocurre en tantos otros casos, existe una gran diversidad de normas según la Comunidad Autónoma a la que nos refiramos, de modo que no se puede generalizar. Aun así, hay que distinguir entre diputados (incluyendo a ministros) y expresidentes. Los primeros tienen derecho a una “indemnización de transición” cuando dejan su cargo, pero no a una pensión vitalicia. Dicha indemnización cubre la carencia de cobertura por desempleo y se suele calcular en 52 días de la asignación que estaban percibiendo y que cobran en un solo pago.

Si nos referimos a los expresidentes de las CCAA, la cosa cambia, aunque también hay muchas diferencias entre Comunidades, diferencias que sería muy prolijo describir aquí.

Hay autonomías que pagan sueldos a sus expresidentes, directa o indirectamente, mediante su inclusión en un consejo consultivo y con derecho a disponer de una oficina, chófer y un servicio de seguridad.

Las hay que no ofrecen un sueldo a sus expresidentes, entre las que se encuentra la Comunidad de Madrid, aunque, a propuesta de su presidenta actual, está preparando un “Estatuto de expresidentes” según el cual, un expresidente de esa Comunidad sí recibiría una paga, con chófer y despacho por un máximo de cuatro años.

En algunas CCAA, el periodo durante el cual se tiene derecho a cobrar un sueldo es variable, dependiendo del tiempo durante el cual hayan ocupado su cargo y también de la edad, pudiendo cobrar, al cumplir los 65 años, una pensión vitalicia equivalente a un mínimo del 60% y un máximo del 80% de lo que percibían en el cargo. Este sería el caso de la Generalitat de Catalunya, de modo que el expresidente Pere Aragonés cobrará unos 109.000 euros anuales durante cuatro años, teniendo también derecho a percibir una pensión vitalicia del 60% del salario al cumplir los 65 años y que será de 81.700 euros al año.

Entre tantas discrepancias y particularidades, sobresale el caso, de máxima actualidad, que concierne a Mazón, el actual presidente de la Comunidad Valenciana pues, de no prosperar la reforma presentada por el grupo parlamentario Compromís, los presidentes de esa Comunidad seguirían cobrando 75.000 euros anuales durante 15 años, una vez concluido su mandato. Así pues, si Mazón resiste en su puesto hasta julio, tal como se insinúa, cobraría esa cantidad durante los próximos dos años, que es el tiempo que habría estado en el cargo actual, requisito indispensable para poderse acoger a ese subsidio.

Si nos referimos ahora a los presidentes del Gobierno, estos son los únicos que tienen derecho, sin excepción, a una paga vitalicia, medida esta que creó Felipe González en 1992 y de la que disfrutan todavía Mariano Rajoy, José Luis Rodríguez Zapatero y José María Aznar, cifra que ascendía en 2022 a unos 75.000 euros anuales. El actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cobraría unos 61.000 euros al año si dejase de ostentar el cargo.

Felipe González sería el expresidente que más ha ingresado hasta el momento, ya que es el más longevo (perdió las elecciones en 1996). En total, habría cobrado más de 1,8 millones de euros, José María Aznar 1,5 millones y Rajoy 341,618 euros. Y a ello hay que añadir otros beneficios, como el de contar con un automóvil con chófer, escolta y seguridad, y disfrutar de libre pase en las compañías de transportes terrestres, marítimas y aéreas del Estado.

¿Merecen estas personas tales beneficios? Y no me refiero a un merecimiento moral por lo que han hecho por el país (si es que han hecho algo), sino simplemente a una necesidad económica de tales dimensiones pues, todos ellos tienen unos ingresos más que suculentos procedentes de sus actividades extrapolíticas, empresariales y de todo tipo. ¿Acaso no se dedican, o se han dedicado, a la política por vocación? ¿Por qué, pues, debemos pagarles un sueldo una vez han dejado su cargo? Ni siquiera una indemnización. Este subsidio solo se lo merece quien ha trabajado en una empresa durante años y se queda en el paro por motivos ajenos a su voluntad, que tiene una familia a la que sostener, unos hijos a los que educar y una vivienda que pagar.

Deberían tomar ejemplo de Julio Anguita, quien después de más de ocho años como parlamentario, renunció a la pensión de jubilación como exdiputado, pasando a cobrar solamente la de profesor de escuela. Y ya no hablemos del recientemente fallecido Pepe Múgica, expresidente de Uruguay, un referente mundial en cuanto a humildad y renuncia a cualquier tipo de ingresos extraordinarios y que donó alrededor del 90% de su salario mensual de 12.000 dólares durante sus cinco años de gobierno a organizaciones benéficas y a pequeños empresarios.

Pero, claro, no vamos a exigir, ni tal solo pedir a un político profesional que se acoja al voto de pobreza, pues si en el ámbito sacerdotal —en el que se exige, además, el de obediencia y castidad, casi nada—, ya hay una escasez de vocaciones, en el político estaríamos a dos velas.

¿Creéis, en definitiva, que mis sugerencias, por extremistas que parezcan, son no solo plausibles sino también correctas, o tal vez me he extralimitado con mi planteamiento “antisistema político” en plan fanático intransigente de izquierdas?